Nacional
La reforma para mantener a los militares en las calles de
México haciendo de policías provocó a principios de este mes una fuerte
marejada en el parlamento, airados debates en los medios sobre los riesgos de
la militarización de la seguridad pública y la fractura de la alianza entre los
partidos de oposición. Sin embargo, si se aterriza el debate de las pasillos políticos
a la opinión de los ciudadanos no hay apenas discusión. Tres de cada cuatro
mexicanos apoya que los militares sigan en la calle según una encuesta de
Enkoll para EL PAÍS y W Radio realizada apenas dos semanas después de que
saliera adelante la reforma. La aprobación ciudadana se extiende también a las
numerosas concesiones que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho a
las Fuerzas Armadas −gestión de aduanas, aeropuertos y grandes
infraestructuras−, así como su manejo de la crisis por la filtración masiva de
correos del alto mando militar, prolongando un respaldo masivo al Ejército que
va más allá de este sexenio.
La salida de los militares de los cuarteles fue iniciada en
2006 por el presidente panista Felipe Calderón inaugurando la llamada guerra
contra el narco. Durante sus largos años de oposición, López Obrador fue uno de
los mayores críticos de aquella estrategia que se ha cobrado desde entonces más
200.000 muertos y 60.000 desaparecidos. Sin embargo, la actitud del mandatario
de Morena cambió tras su llegada al poder. Sus eslóganes han ido virando del
“abrazos, no balazos” al “El Ejército es bueno, porque es pueblo uniformado”,
aludiendo a los orígenes populares de unas Fuerzas Armadas que se remontan a la
Revolución mexicana de principios de siglo XX.
López Obrador ha sido, de hecho, el primer mandatario que
blindó en una ley lo que había sido una realidad de facto durante más de una
década. En 2019 aprobó una reforma constitucional que consolidaba la presencia
de los militares patrullando las calles hasta 2024, el final de su mandato. La
extensión del plazo otros cuatro años vino este mes además precedida por otra
decisión que agrandaba el poder del Ejército. La Guardia Nacional, el cuerpo
policial creado por el gobierno de Morena con espíritu castrense pero mando
civil en un inicio, pasaba definitivamente a convertirse en un apéndice más de
las Fuerzas Armadas. Con todo ese contexto, el 73% de los consultados en la
encuesta respondieron afirmativamente la pregunta de si están de acuerdo con
que el Ejército continúe en las calles apoyando en las tareas de seguridad
hasta el 2028. De hecho, el 19% dijeron estar “muy de acuerdo”, por tan solo un
8% de respuestas en el polo opuesto: “nada de acuerdo”.
La política de mano tendida del Gobierno de Morena hacia
los militares ha incluido, por ejemplo, la realización de los grandes proyectos
de infraestructura, una de las banderas del Gobierno, como el Tren Maya, la
gestión de las aduanas, puertos y hasta 10 aeropuertos, entre ellos, el Felipe
Ángeles en el Estado de México. El apoyo ciudadano a todos estas decisiones es
similar al de la prolongación de su presencia en las calles. El 72% de los
encuestados respaldan las concesiones logísticas y mientras que baja
ligeramente, hasta un 62%, en el caso de la construcción mediante empresas
públicas dirigidas por militares del aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya.
La justificación del presidente ante esta híperpresencia en la vida civil es
que las Fuerzas Armadas es que son el mejor cortafuegos ante la corrupción. La
opinión de los encuestados al respecto es también favorable al presidente en un
59%, aunque dentro de las diferente intensidad de la adhesión, la mayoría, un
47%, dice estar solo “de acuerdo”.
La justificación de la que los militares son el mejor
antídoto posible a la corrupción también ha sido la razón defendida por el
presidente para acabar con la policía federal y crear en su lugar la Guardia
Nacional. La confianza de la ciudadanía en la Guardia Nacional es también
mayoritaria (58%). Un umbral superado desde luego por el Ejército (67%) y la
Marina (70%). En el polo opuesto se sitúa la Policía Estatal, que registra una
grado de confianza de tan solo el 33%, mientras que el 66% restante dice
confiar poco a nada en el estamento policial.
Fuente: El País