Trump acelera las deportaciones al incorporar abogados militares como jueces migratorios

Estados Unidos

La Administración de Donald Trump ha logrado incrementar el ritmo de las deportaciones mediante una profunda reconfiguración de los tribunales de inmigración en Estados Unidos. La estrategia combina el despido de jueces considerados favorables a los migrantes con la incorporación de abogados militares para asumir funciones judiciales, una medida inédita que ya muestra efectos concretos en los fallos.

En los últimos meses, el Gobierno federal ha cesado a cerca de 140 jueces de inmigración y ha contratado a 36 abogados provenientes de las Fuerzas Armadas para ocupar sus puestos. De acuerdo con un análisis de la organización sin fines de lucro Mobile Pathways, los jueces militares dictan órdenes de expulsión a un ritmo significativamente mayor que los jueces civiles tradicionales.

El informe, que examinó los casos resueltos en noviembre —primer mes de operación de los jueces militares—, señala que mientras los jueces de inmigración ordenaron deportaciones en el 63% de los expedientes, los abogados militares lo hicieron en el 78%. De los 286 casos instruidos por jueces militares, 110 ya fueron resueltos: 86 personas fueron deportadas y 14 optaron por la autodeportación. El resto continúa en trámite.

“Los militares están entrenados para seguir instrucciones y aplicar normas con rigidez. Todo indica que la directriz es acelerar las expulsiones”, explicó Bartolomiej Skorupa, cofundador de Mobile Pathways. Según sus datos, en nueve de cada diez casos revisados por jueces militares, el proceso terminó en deportación o salida voluntaria del país.

El Departamento de Justicia anunció el 24 de octubre la incorporación de 11 jueces permanentes y 25 temporales. La mayoría de ellos carece de experiencia en derecho migratorio y proviene de fiscalías, la Patrulla Fronteriza o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre los temporales figuran abogados de la Infantería de Marina, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea.

Uno de estos jueces, el teniente coronel Christopher Day, fue retirado del cargo tras cerrar 11 casos y ordenar solo una deportación. Especialistas interpretan su salida como una represalia por emitir resoluciones favorables a los migrantes, lo que refuerza las críticas sobre la falta de independencia judicial en el sistema.

La sustitución de jueces especializados por abogados militares ha generado alarma entre organizaciones defensoras de derechos humanos. El Instituto de Política Migratoria calificó la medida como “sin precedentes” y advirtió sobre los riesgos para el debido proceso, dadas las diferencias sustantivas entre el derecho militar y el derecho migratorio civil.

Los despidos se ejecutaron, en muchos casos, sin explicación formal y mediante simples correos electrónicos, incluso cuando los jueces se encontraban en audiencias activas. Lejos de aliviar el colapso del sistema, estas salidas agravaron los retrasos: actualmente existen más de tres millones de casos pendientes y apenas unos 800 jueces para atenderlos.

El plan comenzó a gestarse a mediados del año pasado, cuando el Pentágono autorizó a unos 600 abogados militares a colaborar con el Departamento de Justicia y se modificaron los requisitos para ejercer como juez temporal, eliminando la exigencia de experiencia previa en inmigración. El estudio de Mobile Pathways constituye el primer balance empírico del impacto de esta decisión.

Legisladores demócratas han cuestionado la legalidad del uso de personal militar en funciones judiciales civiles y alertan sobre una posible violación de la Ley Posse Comitatus, que limita la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de aplicación de la ley interna.

En paralelo, el Departamento de Justicia abrió una convocatoria laboral para cubrir vacantes bajo la denominación de “jueces de deportación” en 70 ciudades. La oferta incluye salarios de hasta 207.500 dólares anuales y bonificaciones especiales, con una descripción de funciones centrada en garantizar que solo permanezcan en el país quienes tengan solicitudes “legalmente justificadas”.

El relevo de jueces forma parte de un paquete más amplio de reformas impulsadas por Trump para endurecer la política migratoria: denegaciones de asilo sin audiencia, cancelación de asistencia legal a menores y traslados de detenidos a centros remotos o fuera de la jurisdicción estadounidense.

Estas acciones también fueron señaladas en un informe presentado por legisladores demócratas, que denuncia el desvío de al menos 2.000 millones de dólares del presupuesto militar hacia la aplicación de leyes migratorias, en detrimento de la capacidad operativa del Ejército. Para sus críticos, el sistema judicial migratorio se ha convertido en una herramienta clave de la agenda política del presidente.

Fuente: El País