Paz redefine el rumbo en Bolivia mientras Evo Morales aumenta la presión política

Bolivia

A punto de completar su primer mes en la Presidencia, Rodrigo Paz encara un escenario económico frágil y una dinámica política atravesada por tensiones internas. Su principal meta: estabilizar las finanzas públicas y destrabar la relación con actores de peso, especialmente Evo Morales.

Un arranque marcado por la crisis económica

Paz heredó lo que describió como un “mar de deudas”, producto del manejo financiero del Movimiento al Socialismo (MAS) durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Según su diagnóstico, en dos décadas se consumieron cerca de 60.000 millones de dólares derivados del auge gasífero, a lo que se sumaron alrededor de 40.000 millones en obligaciones internas y externas.

El país enfrenta hoy una merma estructural en su principal fuente de divisas: la producción de gas cayó de 61 millones de metros cúbicos diarios en 2014 a apenas 29 millones, una reducción que golpeó los ingresos fiscales. Este declive energético convive con infraestructura deteriorada, pérdida del poder adquisitivo y una inflación sostenida.

Para contener el deterioro fiscal, Paz anunció el recorte de 2.298 millones de dólares destinados a convenios de salud y confirmó que su administración aplicará una reducción del 30% del gasto público hacia 2026, con el objetivo de reactivar la inversión privada.

Entre las medidas más controvertidas figura la eliminación de cuatro impuestos —a las grandes fortunas, a las transferencias financieras, al juego y a las promociones empresariales— decisión criticada por favorecer a los grupos de mayor ingreso. Paz respondió que estos tributos representan apenas el 1% de la recaudación total.

El pulso político con Evo Morales

La escena política boliviana sigue marcada por la fractura del MAS tras el enfrentamiento entre Morales y Arce, cuya ruptura derivó en derrota electoral, falta de gobernabilidad y un vacío estratégico.

Evo Morales, ahora fuera del partido y sin posibilidad de volver a postular, mantiene influencia en Cochabamba, respaldado por el movimiento cocalero. Ese bloque se ha convertido en un foco de presión para el nuevo Gobierno, replicando la dinámica que afectó a la administración de Arce con bloqueos y protestas.

Paz intenta encauzar el conflicto a través de negociaciones públicas. Los sectores cocaleros exigen obras de infraestructura, mitigación de desastres, atención médica, empleo e inclusión de políticas productivas vinculadas a la hoja de coca.

El jefe de Estado propone un encuentro en La Paz para abrir un canal de diálogo formal. Morales insiste en mantener la negociación desde Cochabamba, su bastión político y económico. Aún no existe una reunión directa, pese a que el Gobierno plantea que un acuerdo es clave para contener la crisis económica y evitar una nueva ola de inestabilidad social.