Ottawa avanza hacia suprimir la defensa religiosa en casos de discurso de odio pese a críticas
Canadá
El nuevo ministro de Patrimonio Canadiense y Lenguas Oficiales, Marc Miller, rechazó este martes las críticas que acusan al Gobierno federal de atentar contra la libertad religiosa al impulsar la eliminación de la excepción que permite invocar creencias religiosas como defensa en casos de discursos de odio.
Miller, diputado por Montreal y recientemente ascendido al gabinete por el primer ministro Mark Carney, sostuvo que, como cristiano practicante y hombre de “creencias profundas”, no considera legítimo ampararse en textos sagrados para justificar expresiones que inciten al odio. “Nadie debería cometer un delito de odio en nombre de la religión”, afirmó al ingresar a la reunión semanal del gabinete.
La Comisión de Justicia de la Cámara de los Comunes, a la que Miller presidió antes de su promoción, será el espacio donde se presentarán las enmiendas para suprimir la defensa religiosa prevista en el delito de “promoción deliberada del odio”. La modificación se incorporará al proyecto de ley C-9, conocido como Ley contra el Odio, que el oficialismo impulsa en acuerdo con el Bloc Québécois. La iniciativa, revelada inicialmente por National Post, busca retirar la excepción religiosa y mantener el requisito de que los fiscales generales provinciales autoricen cualquier acusación por propaganda de odio.
Organizaciones civiles han alertado sobre el riesgo de que otras disposiciones del proyecto —que crean nuevos delitos de intimidación y obstrucción— puedan abrir la puerta a intervenciones policiales contra manifestaciones legítimas consideradas “molestas” u “ofensivas”.
Anthony Housefather, también diputado liberal por Montreal e integrante de la comisión de justicia, defendió el proyecto y subrayó que responde a llamados de comunidades judías frente al aumento de incidentes antisemitas reportados por la policía. El legislador reiteró su apoyo a eliminar la defensa religiosa, señalando que no debe permitirse que quien incite a dañar a un grupo protegido se escude en una creencia de buena fe.
El Bloc Québécois mantiene desde hace años la demanda de retirar la excepción recogida en el artículo 319 del Código Penal, que hoy permite justificar expresiones antisemitas u otros discursos de odio si se formulan en “buena fe” y con base en textos religiosos. Su líder, Yves-François Blanchet, reiteró que la incitación al odio es delito “se diga bajo el manto de la religión o no”.
El debate resurgió tras las declaraciones del imán montrealés Adil Charkaoui, quien en 2023 pidió la “exterminación de agresores sionistas” durante una oración pública relacionada con el conflicto entre Israel y Hamás. Aunque Charkaoui no fue imputado, el caso reavivó reclamos para cerrar cualquier resquicio legal que permita justificar discursos de odio.
El Partido Conservador anunció que combatirá la reforma, con su líder, Pierre Poilievre, calificándola de “ataque a la libertad de expresión y de religión”. La bancada difundió en redes sociales fragmentos editados de declaraciones de Miller en la comisión, lo que generó nuevas tensiones. El ministro acusó a los conservadores de “defender” a personas como Charkaoui.
Diversas organizaciones religiosas cristianas y musulmanas han manifestado fuerte preocupación por la medida, advirtiendo que podría derivar en censura, afectar escuelas y templos, y generar un efecto inhibidor en la enseñanza religiosa. El Consejo Canadiense de Imames afirmó que el riesgo radica en que textos no diseñados para incitar al odio puedan interpretarse bajo “normas sociales cambiantes” y queden sujetos al criterio de autoridades.
Miller, sin embargo, sostuvo que la reforma es necesaria para cerrar vacíos legales. El ministro de Justicia, Sean Fraser, evitó pronunciarse sobre los cambios propuestos y su equipo reiteró que sería “inapropiado especular” mientras el proyecto avanza hacia su revisión artículo por artículo.
La comisión de justicia tiene previsto retomar la discusión esta misma tarde.
Fuente: The National Post
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