Milei activa su reforma laboral: menos indemnización, menor carga patronal y límites a la huelga

Argentina

El Gobierno de Javier Milei activó su ofensiva para reformar de fondo el sistema laboral argentino, con un proyecto que apunta a reducir indemnizaciones por despido, bajar aportes patronales, limitar el alcance de las huelgas y flexibilizar la negociación colectiva. La iniciativa, que el Ejecutivo pretende enviar al Congreso esta misma semana, busca ser aprobada a inicios de 2026 y ya abrió tensiones internas en la propia administración libertaria y un frente de rechazo sindical en expansión.

Mientras Milei viajaba rumbo a Noruega para asistir a la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó públicamente el documento base elaborado por el Consejo de Mayo, un órgano asesor donde durante año y medio participaron funcionarios, provincias, gremios y empresas. El texto sintetiza ocho lineamientos que el Gobierno llevará al Congreso, entre ellos equilibrio fiscal, reducción del gasto, modernización del sistema educativo, reforma tributaria, impulso a la explotación de recursos naturales y apertura comercial. Entre esos pilares, el Ejecutivo ubica una “reforma laboral moderna orientada a promover el empleo formal”.

El corazón del proyecto propone renegociar convenios colectivos “desactualizados” —muchos vigentes desde 1975— y eliminar su ultraactividad, lo que en la práctica impediría la renovación automática de los acuerdos. El Gobierno también busca que los convenios por empresa o ámbito local prevalezcan por encima de los acuerdos nacionales, un cambio que, según los sindicatos, apunta a fragmentar la negociación y disminuir su poder de representación.

Otro eje clave es la reducción de la carga fiscal sobre empleadores. La reforma plantea recortar aportes patronales y modificar el cálculo de indemnizaciones por despido sin causa, excluyendo conceptos como aguinaldos y vacaciones, lo que reduciría los montos que percibe un trabajador al ser desvinculado.

El proyecto incluye además límites a las medidas de fuerza en sectores considerados esenciales. La Casa Rosada intenta reinstalar una iniciativa que la justicia ya había frenado a mediados de año por considerarla incompatible con el derecho a huelga garantizado por la Constitución.

La interna del Gobierno también juega su partida. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es uno de los impulsores más firmes del recorte a los aportes sindicales, una propuesta que otros sectores oficiales consideran riesgosa para la gobernabilidad legislativa. El pulso se resolverá cuando el texto llegue al Congreso.

El movimiento obrero comienza a alinear su estrategia. La CGT convocó a una reunión para este jueves; uno de sus representantes participó en el Consejo de Mayo, pero evitó la presentación del informe final en señal de desacuerdo. La CTA y otros gremios ya rechazaron abiertamente la iniciativa. “Es una flexibilización reciclada que nunca generó empleo, solo más desigualdad”, afirmó Hugo Yasky.

Las organizaciones sociales también se movilizaron. El Polo Obrero y la UTEP encabezaron protestas en distintos puntos del país, mientras el sindicato estatal ATE realizó un paro de 24 horas y cuestionó a Milei y a los gobernadores por “avalar un retroceso histórico en derechos laborales”.

Con el paquete laboral incluido en las sesiones extraordinarias que empiezan esta semana, el oficialismo confía en su nueva arquitectura parlamentaria tras el triunfo electoral y el pase de legisladores conservadores y centristas a La Libertad Avanza. La hoja de ruta contempla obtener media sanción en el Senado antes de fin de año y completar la aprobación en Diputados a comienzos de 2026.

Fuente: El País