Ortega y Murillo extienden su censura a internet y sellan el control total de las comunicaciones en Nicaragua

Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cerrado el último espacio de libertad que quedaba en Nicaragua: internet. Con la reciente entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, la administración sandinista no sólo reorganiza el sistema de redes y servicios digitales, sino que establece un marco legal que formaliza la vigilancia y el control absoluto sobre las comunicaciones en el país.

La normativa, conocida por la oposición como “ley mordaza”, otorga al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) —dirigido por Nahima Díaz Flores, hija del jefe policial Francisco Díaz y nuera de la pareja presidencial— poderes amplios para exigir datos georreferenciados, estadísticos y personales a proveedores de internet y servicios audiovisuales.

De acuerdo con la especialista Alexa Zamora, autora del informe Ley de telecomunicaciones convergentes y su impacto en el ejercicio de los derechos humanos, esta legislación, junto con la Ley de Ciberdelitos y la adhesión al Convenio de Ciberdelincuencia de Naciones Unidas, configura un entramado legal que “facilita la restricción de la libertad de expresión y otros derechos digitales en Nicaragua”. Zamora advierte que, aunque la regulación técnica de las telecomunicaciones es un objetivo legítimo, su aplicación “en el contexto autoritario actual equivale a institucionalizar la represión digital”.

La ley 1223, aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional, se suma a una serie de normas represivas adoptadas desde 2018 —año del estallido social contra Ortega—, entre ellas la Ley de Ciberdelitos, la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Traición a la Patria. Estas disposiciones han servido para criminalizar el periodismo independiente, la cooperación internacional y la disidencia política, provocando el exilio de más de 250 comunicadores y el cierre de numerosos medios nacionales.

Antes incluso de esta nueva ley, el régimen ya había intensificado su control digital: bloqueo de dominios .com.ni, presiones a las cableras para eliminar canales críticos, y amenazas directas de Telcor a radios y televisoras locales. Con la Ley General de Telecomunicaciones, ese control se profundiza.

El periodista Néstor Arce, director del medio Divergentes, explica que “si antes el régimen controlaba el contenido —cerrando medios y bloqueando páginas—, ahora busca dominar también las tuberías por donde circula la información: qué se dice, por dónde, con qué calidad, quién lo facilita y a quién se le rinde cuentas”.

El artículo 110 de la ley obliga a los operadores a entregar toda la información solicitada por Telcor, incluso datos geográficos de usuarios y registros de conexión. Expertos en seguridad digital alertan que esta disposición permitirá mapear las redes personales y territoriales de opositores, rastrear patrones de consumo informativo y ubicar zonas donde se concentra la audiencia de medios críticos.

Un ejemplo de la magnitud del control lo ilustra Arce: “Si un medio exiliado transmite por YouTube y recibe cada noche un pico de audiencia desde Nicaragua, Telcor podría identificar desde qué regiones se conecta ese público y, cruzando los datos con información electoral o socioeconómica, perfilar a quienes consumen contenido crítico. En un escenario más invasivo, el régimen podría incluso bloquear selectivamente sitios o dirigir campañas de propaganda específicas contra ciertos grupos de usuarios”.

Con esta nueva normativa, el gobierno de Ortega y Murillo institucionaliza la vigilancia digital, cerrando el último espacio donde aún sobrevivía la libertad de expresión en Nicaragua. El control del contenido, de las plataformas y ahora de las infraestructuras de comunicación deja al país en un escenario de censura total, donde toda voz disidente corre el riesgo de ser identificada, vigilada y silenciada.

Fuente: El País