Ecuador: ADN reactiva evaluaciones a funcionarios con artículos de la derogada Ley de Integridad Pública

Ecuador

La Asamblea Nacional se alista para votar un paquete de reformas que, en los hechos, reactiva buena parte del andamiaje de control y evaluación a servidores públicos previsto en la Ley de Integridad Pública, declarada inconstitucional meses atrás por la Corte Constitucional.

El presidente del Parlamento, Niels Olsen, convocó para este 26 de noviembre de 2025 el segundo debate del proyecto de reformas para el Fortalecimiento del Trabajo en el Sector Público y Privado y de sus Organizaciones Sindicales. Aunque el texto abre con disposiciones sobre libertad sindical y ajustes al Código de Trabajo, la atención política se concentra en el tercer capítulo.

Ese segmento incorpora —prácticamente sin cambios— artículos sobre evaluaciones de desempeño, estabilidad, supresión de puestos y mecanismos de desvinculación, todos originados en la derogada Ley de Integridad Pública. La propuesta obliga a los funcionarios a someterse a pruebas de confianza y evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones, con resultados que podrán incidir directamente en su continuidad laboral. Incluso el teletrabajo quedaría sujeto a evaluaciones obligatorias, cuyas calificaciones podrían modificar la modalidad.

El texto también reinstala el debate sobre la estabilidad condicionada a resultados y retoma la polémica cláusula de retiro para funcionarios desde los 60 años que cumplan requisitos de jubilación, con el reconocimiento de una compensación económica.

Una disposición transitoria fija un plazo de 90 días para que el Ministerio del Trabajo implemente un proceso nacional de evaluación de desempeño bajo un nuevo modelo, aclarando que la primera ronda servirá solo como línea base y no tendrá efectos sancionatorios.

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, compareció ante la Asamblea y señaló que cualquier decisión tomada por la mayoría legislativa “representa la voluntad del país”. Anticipó, sin embargo, que el Ejecutivo podría introducir ajustes a través del veto presidencial.

La iniciativa fue presentada por la oficialista Lucía Jaramillo, quien sostiene que el documento unifica cuatro proyectos y que la Corte Constitucional objetó la forma de aprobación de la anterior ley, no el contenido de sus disposiciones. Según el oficialismo, esto habilita su incorporación en nuevas reformas sin contravenir el fallo.

Fuente: Primicias