Con la nueva ley de encuestas en Colombia: desinformación y a merced de las redes sociales.

Por: Andrés Felipe Carmona Ospina

Decía el histórico líder conservador colombiano Álvaro Gómez Hurtado que "las encuestas son como las morcillas: son muy ricas hasta que se sabe cómo están hechas". 

Y tal vez esa frase que se ha repetido como una suerte de excusa a la importancia de las encuestas y estudios de opinión en el país, han llevado a que haya bastante desinformación sobre estos métodos de investigación.

La libertad de realizar y publicar encuestas de opinión es un pilar esencial para el ejercicio informado de los derechos políticos y la confianza en la democracia. Las encuestas son herramientas fundamentales que permiten a las campañas políticas diseñar estrategias basadas en las necesidades del electorado y a los ciudadanos formar su opinión y definir su intención de voto. 

Estas mediciones durante un gobierno, ya sean publicadas en medios de comunicación o consumidas internamente por los tomadores de decisión, permiten analizar el estado de ánimo de la gente, sus necesidades, los problemas que más les preocupan, la imagen o aprobación de los gobernantes, entre otros. Las encuestas ayudan a transformar las propuestas políticas y las acciones de gobierno, reconfiguran las alianzas en los Congresos o Parlamentos, y hasta inciden en la permanencia o no de ministros y altos funcionarios.

Tal vez por esa misma desinformación o por un simple interés político, generó sorpresa la reciente promulgación de la Ley 2494 del 23 de julio de 2025 y que fue aprobado por el Congreso de forma discreta, de autoría de congresistas de diferentes partidos (tanto oficialistas como de oposición) y que establece un revolcón en la forma como se regula la realización de encuestas y sondeos de opinión en Colombia.

La mayor sorpresa se dio porque la ley se habría aprobado sin haber tenido en cuenta en su construcción a las firmas encuestadoras debidamente registradas en el país y se establecen mayores restricciones que, a consideración de varios representantes del gremio, afectarían la realización de estudios de opinión y de intención de voto en Colombia. 

Entre los principales cambios que establece la nueva norma está el que todas las encuestas deben incluir en su muestra a todos los municipios de más de 80.000 habitantes, no se podrán realizar encuestas de intención de voto más de tres meses del inicio de la inscripción de candidatos y debe incluir a todos los candidatos inscritos y "que posean relevancia o notoriedad pública significativa, hayan participado en elecciones similares previas o tengan favorabilidad o reconocimiento manifiesto".

Pero entre otras de las críticas de la iniciativa están la afectación al derecho a la información y libertad de expresión; barreras económicas y desigualdad en el acceso a la información; vulneración de la protección de datos personales (Habeas Data); un ataque a la libre competencia y propiedad intelectual, entre otros.

Los defensores de la iniciativa -los pocos que hay- ya que, aunque todos los partidos firmaron la iniciativa hoy niegan su "paternidad", insisten en que el propósito de la iniciativa es regular las "encuestadoras de garaje", y evitar que encuestas antes de tiempo incidan en una decisión libre de los ciudadanos. Pero desconocen que los avances tecnológicos como el internet y las aplicaciones de redes sociales han facilitado la realización de encuestas y sondeos online que son menos controlables por los gobiernos y por autoridades que sí vigilan a las encuestadoras, como el Consejo Nacional Electoral.

Sin una encuesta seria, regulada y debidamente auditada, la ciudadanía corre el riesgo de ser prisionera de los "likes", de verdaderas "encuestas" amañadas al interés de los activistas que bajo el velo de ser comunicadores digitales podrían ocasionar más daño que el que busca evitar la ley.

La situación en Colombia con la Ley 2494 de 2025 representa un retroceso preocupante. Las firmas encuestadoras ya presentaron una demanda ante la Corte Constitucional para objetar esta ley por sus graves implicaciones para la libertad de información y la democracia. Mientras la Corte resuelve, el silencio se somete a la barahúnda y el ruido en el que quienes mejor hacen uso de la desinformación terminan ganando.