TSE pide al Congreso levantar inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para investigar beligerancia política
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, con el fin de investigar varias denuncias por presunta beligerancia política.
De acuerdo con la legislación costarricense, este tipo de faltas se configura cuando un funcionario público participa, directa o indirectamente, en actividades que favorecen a un partido político o interviene en procesos electorales, comprometiendo su imparcialidad.
El coordinador del Cuerpo de Letrados del TSE, Juan Luis Rivera Sánchez, explicó que el Tribunal tiene la obligación constitucional de indagar conductas que puedan afectar la neutralidad política de los servidores públicos. Sin embargo, tratándose del presidente de la República, el proceso no puede avanzar sin la autorización del Congreso, que debe levantar previamente su fuero de inmunidad.
Expedientes y denuncias
El expediente principal contra Chaves reúne 15 de las 24 denuncias presentadas hasta ahora por presunta beligerancia. Estas fueron acumuladas por su similitud y se relacionan con declaraciones emitidas por el mandatario en conferencias de prensa y cadenas nacionales.
La Sección Especializada del TSE determinó que el caso es admisible para una investigación formal. De aprobarse el levantamiento del fuero, Chaves sería el primer presidente en ejercicio de Costa Rica sometido a un procedimiento por este tipo de faltas.
Qué sigue en la Asamblea
La Asamblea Legislativa deberá designar una comisión especial encargada de analizar la solicitud y presentar un informe previo a la votación en el plenario.
El levantamiento de la inmunidad requiere 38 votos favorables. Si los diputados lo rechazan, el proceso quedará suspendido mientras el presidente permanezca en el cargo.
Esta sería la segunda ocasión en que el Congreso estudia una solicitud similar contra Chaves. En meses recientes, el Poder Judicial pidió levantar su inmunidad por un presunto delito de concusión, pero la iniciativa fue desestimada por el plenario.
Posibles sanciones
La beligerancia política no constituye un delito penal, sino un ilícito administrativo. Por tanto, no conlleva penas de cárcel.
La Constitución Política, en su artículo 102, establece que quienes incurran en esta falta pueden ser destituidos del cargo o inhabilitados entre dos y cuatro años para ejercer funciones públicas.
Si el Congreso aprueba la solicitud, el TSE abrirá un proceso administrativo con pleno derecho de defensa para el presidente.
Otros casos en trámite
Actualmente, el TSE mantiene nueve expedientes activos con un total de 24 denuncias contra el mandatario. Ocho de estos expedientes, que agrupan nueve denuncias adicionales, se encuentran aún en etapa de análisis para determinar si serán admitidos o desestimados.
Fuente: Nación
.jpg)