Senado aprueba en lo general reforma la Ley de Amparo
La reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada en lo general este miércoles en el Senado con 76 votos a favor y 39 en contra, luego de ser revisada y modificada en las Comisiones de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos. La iniciativa ahora será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis.
Durante la sesión del Pleno, que se prolongó por más de seis horas, el bloque oficialista defendió la reforma como un mecanismo para evitar abusos en el uso del amparo, especialmente por personas con mayores recursos económicos. “Esta reforma no busca suprimir derechos, sino balancear responsabilidades. Con la reforma, los grandes fraudes y delitos fiscales no tendrán refugio”, afirmó la senadora María Del Rocío Corona, del PVEM.
En contraste, la oposición integrada por MC, PAN y PRI cuestionó que los cambios representen un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos, argumentando que la reforma podría limitar el acceso a la justicia en casos de interés colectivo.
La reforma sufrió modificaciones durante la noche del martes y en las Comisiones de este miércoles. Entre los ajustes más relevantes destacan: la redefinición del interés legítimo, que ahora podrá ser individual o colectivo; la eliminación de requisitos considerados demasiado restrictivos; la ampliación de 60 a 90 días para que los jueces emitan sentencia; y la extensión de tres a cinco días para que las personas presenten garantías en situaciones de vulnerabilidad.
La iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum incorpora ajustes en figuras clave y ahora pasa a la Cámara de Diputados para su análisis
Expertos en derecho y organizaciones civiles han advertido que estas modificaciones podrían dificultar la defensa de derechos colectivos y limitar el uso del amparo en casos de alto impacto social, como megaproyectos o violaciones graves de derechos humanos. Luis Eliud Tapia, especialista en Amparo, señaló que la reforma “parece más pensada en las autoridades que en los ciudadanos, y lejos de simplificar el proceso, podría complicarlo aún más”.
Entre los puntos más polémicos está la redefinición del interés legítimo y la limitación de suspensiones, recursos que detienen temporalmente actos cuestionados hasta que se resuelva su legalidad. Con los cambios, se requerirá acreditar un daño concreto, directo y personal, lo que, según especialistas, restringiría la acción de colectivos y organizaciones civiles.
La reforma presidencial, respaldada por el gabinete de Sheinbaum, se inscribe en la agenda de modernización judicial del gobierno y busca agilizar los procesos de amparo para que no sean usados como herramienta de impunidad. Sin embargo, la controversia sobre su alcance y sus posibles efectos sobre los derechos colectivos anticipa un debate intenso en la Cámara de Diputados.
Fuente: El País
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