El gobierno de Nicaragua, a través de la vocera y vicepresidenta Rosario Murillo, anunció una nueva reforma parcial a la Constitución y la presentación de una iniciativa legislativa para establecer la “Procuraduría General de Justicia de la República de Nicaragua Todos contra la Corrupción”.
La propuesta, que será introducida este miércoles ante la Asamblea Nacional, contempla la creación de un nuevo órgano especializado en investigar y sancionar actos de corrupción, según Murillo, “ante el creciente tsunami de corrupción que azota y asola al mundo”.
De acuerdo con el contenido leído por Murillo en medios oficiales, la nueva instancia contará con participación de la actual Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y otras instituciones con funciones similares. Su objetivo será “identificar, perseguir, procesar y castigar con firmeza” los delitos relacionados con corrupción, sin “consideraciones” que mitiguen su alcance.
“Todas las leyes e instituciones del Estado deben contribuir a esta campaña permanente contra los delitos de corrupción que lesionan el patrimonio del pueblo nicaragüense”, sostuvo Murillo.
El anuncio se da en un contexto marcado por la reciente caída en desgracia del exasesor económico del gobierno, Bayardo Arce, quien se encuentra detenido y bajo investigación por supuestos negocios ilícitos.
La iniciativa surge, además, en medio de un proceso sostenido de concentración de poder por parte del Ejecutivo, que ya ha promovido múltiples reformas institucionales desde 2018, muchas de ellas cuestionadas por organismos internacionales por su impacto en el Estado de derecho.
La vocera del Ejecutivo no precisó cuándo se someterá a discusión la reforma constitucional, pero confirmó que ambas propuestas están interrelacionadas y que buscan dar sustento legal a la nueva procuraduría.
De concretarse, la reforma otorgaría mayores atribuciones al Ejecutivo para coordinar y ejecutar acciones contra la corrupción, en un entorno donde el control institucional se encuentra en gran parte subordinado al poder central.
Fuente: La Prensa
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