Chile
El proyecto de ley que establece una multa para quienes no acudan a votar comenzó su discusión en particular en la Cámara de Diputados, con un calendario definido para su votación antes de las elecciones de noviembre. El acuerdo fue suscrito por el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), y el presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo (Partido Radical), quien comprometió dos sesiones: una de debate el 5 de agosto y otra para votar el articulado el 12 del mismo mes.
Pese al cronograma acotado, el oficialismo anticipa el ingreso de indicaciones que podrían modificar el texto original. Aunque aún no se presentan formalmente, en la sesión del 14 de julio varios diputados adelantaron su contenido.
El diputado Luis Cuello (PC) cuestionó el monto de la sanción —que oscila entre $34.000 y $205.000— por considerarlo excesivo. También propuso revisar el principio de reciprocidad en el derecho al voto de extranjeros y advirtió sobre los vacíos en el procedimiento para aplicar la sanción. “Mientras no se defina qué tribunal es competente, establecer una multa tan alta resulta inviable”, señaló.
Rubén Oyarzo, por su parte, adelantó que propondrá aumentar de cinco a diez años el requisito de residencia para que un extranjero pueda votar. En tanto, la diputada Claudia Mix (FA) expresó su rechazo a sancionar con multas el ausentismo electoral y llamó a buscar una alternativa “más justa y democrática”.
Desde la oposición, en cambio, buscan mantener el proyecto sin modificaciones. La autora de la iniciativa, la diputada Joanna Pérez (Demócratas), insistió en que “el proyecto debe avanzar sin trabas” y advirtió que los cambios propuestos no deben alterar el núcleo ya aprobado por reforma constitucional. “No nos vamos a abrir a incorporar el tema de los extranjeros; hoy no corresponde”, afirmó.
El ritmo acelerado de la tramitación ha provocado inquietudes en algunos sectores. La diputada Mix fue la primera en manifestar reparos al calendario propuesto por Oyarzo. Desde el Ejecutivo también se barajó la opción de trasladar la negociación al Senado, como forma de ganar margen para introducir ajustes.
Una eventual negativa a legislar podría haber activado restricciones constitucionales que impedirían volver a discutir la iniciativa durante un año, lo que habría dado al gobierno una herramienta para replantear el enfoque del proyecto.
Sin embargo, en la oposición minimizan los plazos. Joanna Pérez recordó que el trámite puede completarse en sesiones especiales o extendidas hasta su total despacho. En la misma línea, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) sostuvo que la comisión sólo debe votar las indicaciones presentadas y aseguró que existen los votos para avanzar con celeridad.
Fuente: La Tercera
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