Con el reloj en contra y las finanzas departamentales al límite, el Congreso de Intendentes intensificó sus gestiones ante el gobierno central para lograr una mejora en la asignación presupuestal quinquenal. En sesión permanente, los jefes comunales mantuvieron una reunión clave con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para plantear la necesidad urgente de fondos adicionales que les permitan estabilizar las cuentas públicas.
Paysandú, Salto, Florida y Cerro Largo son apenas algunos ejemplos de departamentos con déficit críticos, y la lista podría crecer. El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, advirtió que “el diálogo está abierto”, pero reconoció que las cifras entre las partes “están muy lejos”. Aun así, destacó que hay voluntad política para llegar a un acuerdo antes del 31 de julio, fecha límite para incluir las partidas en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional.
Olivera también puso sobre la mesa la necesidad de revisar los criterios de distribución del 3,33 % del presupuesto nacional que se transfiere a los gobiernos departamentales, así como discutir nuevas fórmulas a través del Fondo de Desarrollo del Interior. “Allí también hay margen para negociar”, dijo, al tiempo que advirtió que si no hay acuerdo técnico antes del miércoles 30, el tema pasará directamente al Parlamento.
La Intendencia de Cerro Largo arrastra un déficit acumulado superior a los $1.600 millones. El intendente Christian Morel denunció que recibió una administración con graves problemas financieros, aunque enfrenta críticas por haber integrado gestiones anteriores que participaron en la generación del pasivo.
Su antecesor, José Yurramendi, también del Partido Nacional, defendió su administración y señaló que buena parte del déficit se relaciona con compromisos firmados en eficiencia energética y con el Banco de Seguros del Estado. Para Yurramendi, el discurso de Morel busca justificar “ceses masivos” de funcionarios. Su receta para mejorar las cuentas: reducir la plantilla mediante jubilaciones, lo que implicaría la salida de hasta 200 trabajadores.
En Florida, el intendente Guillermo López Enciso enfrenta un rojo fiscal de $1.300 millones. Ante la falta de liquidez, optó por postergar hasta agosto los pagos a jerarcas salientes y entrantes para priorizar los sueldos de funcionarios operativos. Solo la nómina mensual representa unos $60 millones.
El jefe departamental también anunció un paquete de medidas para contener el gasto: recorte de horas extra, contratos, campañas publicitarias y otros rubros no esenciales. En 2024, el déficit creció en otros $144 millones, y solo a proveedores locales se les adeudan $220 millones, según datos oficiales.
En Salto, el panorama no es mejor. El intendente Carlos Albisu reconoció que no cuenta con los recursos necesarios para pagar los salarios de julio y admitió haber sido sorprendido por una deuda bancaria no informada durante la transición. La Intendencia adeuda $287 millones al Banco República, y solo tiene $20 millones disponibles, frente a una necesidad de $90 millones para cubrir sueldos.
Albisu ya inició contactos con la Junta Departamental, el Tribunal de Cuentas y el BROU para encontrar una salida financiera urgente. Además, advirtió sobre una deuda con proveedores que asciende a $800 millones. La Rendición de Cuentas 2024 arrojó un déficit acumulado de más de $2.000 millones.
La capital del país también atraviesa un delicado escenario. En su primer año de gestión, el nuevo intendente Mario Bergara lidia con un déficit que se disparó de $11,3 millones en 2023 a $90,4 millones de dólares en 2024, equivalente a más de $3.600 millones de pesos uruguayos.
La Rendición de Cuentas detalla que los principales gastos se concentran en las áreas de Desarrollo Ambiental ($7.800 millones), Movilidad ($4.800 millones) y Desarrollo Urbano ($3.600 millones), entre otras. La recaudación de la Intendencia fue de $32.391 millones, mientras que el gasto totalizó $34.751 millones.
El Tribunal de Cuentas solicitó ajustar las cifras por una partida correspondiente a 2023, lo que elevó el resultado negativo a más de $3.640 millones. La administración evalúa posponer algunos proyectos y recortar servicios no esenciales para contener la situación.
El conjunto de intendencias del país enfrenta un deterioro estructural en sus finanzas, con déficits crecientes, restricciones operativas y escasa capacidad de maniobra. Los gobiernos departamentales reclaman una actualización en la distribución de recursos y una respuesta más proactiva del gobierno nacional. La negociación entra en etapa decisiva: si no hay avances antes del miércoles, será el Parlamento quien deba resolver la asignación final de partidas.
Fuente: Diario La R
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