La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó este lunes una nueva victoria al presidente Donald Trump al levantar la orden judicial que impedía el despido masivo de empleados del Departamento de Educación, abriendo así la puerta a su progresivo desmantelamiento. La decisión, resuelta por mayoría conservadora (6-3), responde a una solicitud de emergencia de la administración federal, y aunque no zanja el fondo del caso, sí permite ejecutar la medida mientras avanza el proceso legal.
El fallo revoca la suspensión impuesta por el juez federal Myong Joun, quien había bloqueado temporalmente la ejecución de un decreto presidencial firmado el 20 de marzo. En este documento, Trump encargaba a la titular del Departamento —la empresaria y exdirectiva de lucha libre Linda McMahon— iniciar el proceso de cierre de la agencia. La medida incluía el cese inmediato de unos 1.400 funcionarios.
La minoría liberal del Supremo, compuesta por las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, expresó su rechazo tajante. En una dura crítica, Sotomayor advirtió que la decisión "pone en riesgo la separación de poderes" al permitir que el Ejecutivo actúe sin el aval del Congreso para desmantelar una agencia creada por ley en 1979.
“El tribunal, sin ofrecer una sola justificación, allana el camino para socavar una de las instituciones fundamentales del sistema educativo federal”, denunció Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, organización demandante en el litigio.
Aunque el Departamento de Educación carece de competencias directas sobre los contenidos curriculares —que son competencia de los estados—, gestiona funciones clave como la distribución de ayudas federales, la supervisión de préstamos estudiantiles y la financiación de programas para alumnos con discapacidades o en situación de pobreza. Su presupuesto anual supera los 30.000 millones de dólares.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha insistido en la necesidad de eliminar esta dependencia federal, a la que responsabiliza de "malos resultados escolares". Su estrategia ha consistido en debilitarla estructuralmente antes de buscar su eliminación formal en el Congreso, una vía que requiere mayoría legislativa.
Este nuevo fallo del Supremo refuerza la ofensiva del mandatario republicano contra el aparato burocrático federal. La semana pasada, otro pronunciamiento similar permitió despidos masivos en el Departamento de Estado, consolidando así la capacidad del Ejecutivo para avanzar con su agenda sin obstáculos judiciales inmediatos.
La resolución también representa un giro jurisprudencial relevante: limita la capacidad de jueces federales para bloquear decretos presidenciales mediante medidas cautelares, lo que, según expertos legales, fortalece la figura presidencial a expensas del equilibrio entre poderes.
Fuente: El País
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