Con el objetivo declarado de replicar modelos como el FBI estadounidense y el sistema de seguridad israelí, el presidente Javier Milei firmó un decreto que redefine el rol de la Policía Federal Argentina (PFA), otorgándole amplias facultades para realizar detenciones, requisas y monitoreos digitales sin necesidad de autorización judicial. La reforma ha generado una fuerte controversia y críticas desde organismos de derechos humanos y especialistas en seguridad, que advierten sobre el debilitamiento de los controles institucionales.
“Decidimos reconvertir la histórica Policía Federal en una fuerza orientada principalmente a la investigación criminal”, afirmó Milei al anunciar la medida junto a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconocida promotora de políticas de seguridad con enfoque punitivo. La decisión se adoptó sin pasar por el Congreso, mediante las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo.
Según el nuevo estatuto, la PFA tendrá como ejes prioritarios la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, así como la colaboración en el desmantelamiento de redes criminales. La reforma contempla la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), inspirado explícitamente en el Buró Federal de Investigaciones de EE.UU.
Entre los puntos más controvertidos del decreto se encuentra la posibilidad de que agentes policiales puedan detener a una persona sin orden judicial por un máximo de diez horas, bajo el criterio de que existan sospechas fundadas de que ha cometido —o podría cometer— un delito y no acredite fehacientemente su identidad. También se habilitan requisas personales sin orden judicial, si se presume fundadamente la presencia de elementos vinculados a un delito o si se teme la pérdida de pruebas.
Asimismo, la norma autoriza a la PFA a realizar tareas de “prevención del delito” en espacios digitales públicos, como redes sociales y sitios web abiertos, sin supervisión judicial previa.
Organismos de derechos humanos expresaron profunda preocupación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que esta reforma “abre la puerta a prácticas de criminalización de la protesta social, monitoreo masivo de opositores y otras intervenciones sin control judicial”. En tanto, Amnistía Internacional señaló los riesgos de “vigilancia masiva y perfilamiento discriminatorio”, y subrayó la importancia de que cualquier cambio estructural en seguridad se discuta en el Congreso.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) sostuvo que el Gobierno “perdió la oportunidad de realizar una reforma estructural real” y optó, en cambio, por una iniciativa de “marketing político”. Según el organismo, la medida no moderniza la función de la PFA y mantiene tareas preventivas que resultan inadecuadas para una agencia de investigación.
Desde el Ejecutivo, se respondió que la reforma “tiene amparo legal” y que quienes discrepen con su constitucionalidad “pueden acudir a la justicia”.
“Vamos a aprender de los mejores. Vamos a poner a la Policía Federal en línea con los estándares del FBI”, insistió Milei, reforzando el alineamiento de su política de seguridad con modelos internacionales. Sin embargo, el debate sobre el equilibrio entre eficacia policial y garantías constitucionales queda más abierto que nunca.
Fuente: El País
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