Estados Unidos
Ante la presión directa del presidente Donald Trump y su círculo más cercano, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha adoptado una estrategia más agresiva y tecnificada para cumplir con la promesa de ejecutar deportaciones masivas. La administración ha dejado claro que uno de sus objetivos prioritarios es aumentar exponencialmente las detenciones de migrantes sin autorización legal en el país.
En respuesta, ICE ha comenzado a realizar operativos a lo largo del país, incluyendo redadas en centros laborales como fábricas, restaurantes y clubes nocturnos. La semana pasada, por ejemplo, un operativo en el distrito textil de Los Ángeles desencadenó una ola de protestas y una reacción federal contundente. La agencia también ha reestructurado sus turnos para asegurar cobertura los siete días de la semana y ha solicitado apoyo a agentes especializados en crímenes como el tráfico humano para ubicar y arrestar a personas con órdenes de deportación pendientes.
La ofensiva migratoria cuenta ahora con herramientas tecnológicas avanzadas. Una nueva aplicación de geolocalización permite a los agentes identificar zonas con alta concentración de personas con órdenes de expulsión. Esta app, conocida inicialmente como Alien Tracker, fue desarrollada con el apoyo de la Oficina de Eficiencia Gubernamental, encabezada hasta hace poco por el empresario Elon Musk.
"Desde el primer día dijimos que nadie que esté aquí ilegalmente estaría fuera del radar", declaró Thomas D. Homan, jefe de la estrategia fronteriza del gobierno. "Y estamos actuando en consecuencia".
Stephen Miller, principal asesor en temas migratorios de Trump, ha asumido un rol central en esta estrategia. Según fuentes cercanas a las reuniones, Miller revisa cifras, establece metas y motiva a ICE a enfocarse en perfiles visibles, como presuntos miembros de pandillas con tatuajes. En recientes encuentros con directivos de la agencia, incluso preguntó si era viable alcanzar el millón de deportaciones en 2025.
Esta presión ha generado inquietud entre antiguos y actuales funcionarios de ICE. Sarah Saldaña, exdirectora de la agencia bajo el gobierno de Barack Obama, advirtió sobre el riesgo de errores graves en la identificación y procesamiento de personas debido a la rapidez y el volumen exigido.
"Cuando se privilegia la cantidad sobre la calidad, se pierde precisión y humanidad en el proceso", afirmó.
Desde que Trump volvió al poder, más de 200.000 personas han sido deportadas, aunque esta cifra representa apenas una fracción del 1,4 millones que enfrentaban órdenes de expulsión a finales del año pasado. La meta actual impuesta por la Casa Blanca es de al menos 3.000 detenciones diarias, una cifra diez veces superior al promedio registrado durante la administración de Joe Biden.
En el terreno, los agentes confirman que la carga laboral se ha intensificado. En Miami, por ejemplo, un equipo de más de diez funcionarios logró detener a apenas tres personas tras varias horas de vigilancia. Incluso se han registrado detenciones colaterales, como la de un hombre que fue arrestado por el simple hecho de acompañar a un familiar que era el verdadero objetivo del operativo.
“Si estás en el país sin documentos y estás presente durante una redada, serás arrestado”, sentenció Homan.
La agencia también ha recurrido a la participación ciudadana, promoviendo el uso de una línea telefónica para denunciar posibles casos de inmigración irregular. En Baltimore, por ejemplo, una llamada derivó en la detención de cinco personas en un estacionamiento, hecho que ICE difundió en redes con el mensaje: “Cuando llamas, te escuchamos”.
Mientras tanto, agentes como Carlos Núñez, supervisor en Florida, aseguran sentirse respaldados por una administración que les permite "hacer su trabajo como debe ser". A pesar de no haber tenido un solo día libre en meses, dice que ahora puede actuar con mayor determinación.
Sin embargo, este impulso también ha generado divisiones internas. Jason Houser, exjefe de personal de ICE durante el gobierno anterior, describió un clima de “ansiedad constante” dentro de la agencia.
“Lo que importa ahora no es la seguridad pública ni la seguridad nacional. Se trata de cumplir una cuota”, afirmó.
ICE ha extendido su radio de acción a cortes de inmigración, deteniendo a personas que asisten a sus audiencias, y ha movilizado agentes encubiertos de otras divisiones para participar en operativos de captura. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional confirmó que incluso investigadores de delitos sexuales han sido redirigidos a tareas migratorias.
El panorama es claro: el gobierno de Trump está usando todos los recursos posibles para cumplir su promesa de mano dura contra la inmigración ilegal. Lo que queda en duda es el costo humano y ético de alcanzar esas cifras.
Fuente: New York Times
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