A menos de cuatro meses de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deba renovar su presidencia, las tensiones internas entre dos bloques de magistrados amenazan con reproducir el estancamiento institucional que marcó el inicio de su gestión a finales de 2024. La fecha límite para la elección es el 13 de octubre, pero las posibilidades de consenso parecen lejanas.
Actualmente, la CSJ mantiene una división estructural: ocho magistrados conforman un bloque y cinco integran el otro. Para elegir presidente se requieren al menos nueve votos, cifra que ninguno de los grupos alcanza por sí solo. Este equilibrio de poder ya provocó una crisis anterior, cuando fue necesaria la intervención de la Corte de Constitucionalidad (CC) para forzar la designación del actual titular del Organismo Judicial (OJ), Teódulo Cifuentes, propuesto por el bloque mayoritario.
Desde entonces, la correlación de fuerzas permanece inalterada, y todo indica que la elección del nuevo presidente será otro ejercicio de negociación política intensa, según confirman fuentes internas del OJ y especialistas consultados.
Pese a su frágil equilibrio, la CSJ ha logrado tomar algunas decisiones relevantes, como el rechazo a solicitudes de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general María Consuelo Porras. Sin embargo, la falta de transparencia impide conocer si dichas resoluciones fueron unánimes o resultado de votaciones divididas.
La presidencia del OJ es de carácter anual y no contempla reelección. Si no se alcanza una elección antes del 13 de octubre, la titularidad recaerá temporalmente en el magistrado con más votos en el Congreso: Carlos Rodimiro Lucero Paz, actual vocal I y miembro del bloque minoritario.
El próximo presidente de la CSJ no solo dirigirá el Poder Judicial, sino que tendrá un rol determinante en la política de justicia del país. Será quien presida la comisión de postulación encargada de proponer la terna de candidatos para sustituir a la fiscal general en mayo de 2026, además de convocar al pleno para designar a un magistrado titular y un suplente en la próxima Corte de Constitucionalidad.
“Más allá del simbolismo institucional, la presidencia de la CSJ representa un puesto de poder real con impacto político”, advierte Edgar Ortiz, abogado y analista independiente.
Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento ProJusticia, coincide: “Quien ocupe la presidencia no solo manejará recursos millonarios, sino que jugará un papel central en decisiones estratégicas para el futuro del país”.
Aunque aún no hay postulaciones oficiales, en los pasillos del OJ ya suenan posibles aspirantes del bloque mayoritario: Luis Mauricio Corado Campos, Gustavo Morales Duarte y Carlos Ramiro Contreras Valenzuela. Los tres cuentan con trayectorias judiciales, pero también con cuestionamientos.
Corado Campos fue mencionado en el caso “Comisiones Paralelas” por supuestos vínculos con el operador político Gustavo Alejos. Morales Duarte aparece en informes sobre mecanismos de cooptación judicial y registra una denuncia penal desestimada. Contreras Valenzuela fue recusado por la CICIG y señalado por vínculos con actores cercanos al expresidente Alfonso Portillo.
El bloque de cinco magistrados —liderado por Lucero Paz e integrado por René Girón, Flor de María Gálvez, Flor de María García y Estuardo Cárdenas— podría asumir temporalmente la presidencia en caso de un nuevo impasse. Del otro lado, el grupo de ocho incluye a figuras como Claudia Paredes, Jenny Alvarado, Imgaín Galicia, el propio Cifuentes, Corado, Juárez Midence, Morales y Contreras.
Para los analistas, el panorama es incierto. Ibarra advierte que podrían surgir prácticas poco éticas para obtener apoyos: “Está en juego el control institucional de los próximos cinco años. No se puede descartar la presión política o la cooptación”.
Andy Javalois, catedrático y consultor, no descarta una nueva intervención constitucional ante la falta de consensos. “Se forman camarillas con intereses irreconciliables. Ya fue necesaria una orden de la CC en la elección anterior”, recordó.
Ortiz, por su parte, plantea un posible cambio de alianzas. “Nada impide una recomposición del bloque mayoritario. La política cambia, y con ella, las lealtades”.
La falta de independencia judicial sigue siendo el telón de fondo. “La CSJ actual —como sus antecesoras— nace de acuerdos políticos, no de mérito. Esa es la gran lección que no se ha querido aprender”, concluye Ortiz.
La elección presidencial del OJ es mucho más que un trámite interno. En ella se juega el rumbo del sistema de justicia, su credibilidad y la posibilidad de encarar —o perpetuar— la impunidad en Guatemala.
Fuente: Prensa Libre
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