Por: @OrlandoGoncal
México aprobó el 13 de septiembre de 2024 la reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador AMLO, permitiendo la elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Con la presidenta Sheinbaum se materializó la reforma, el pasado 1 de junio de 2025, cuando mexicanos votaron por primera vez a más de 2,600 jueces y magistrados en todo el país.
El argumento base para la modificación fue la necesidad de combatir la corrupción y la impunidad en el poder judicial, y para que la justicia trabaje para los menos favorecidos y no para las elites corruptas, para que se haga justicia, y eso lo garantiza la elección por el pueblo soberano.
Es cierto, México tiene un nivel de impunidad muy alto. Y según las normas, la competencia para investigar los delitos es de la Fiscalía, pero esta solo lleva ante los jueces, el siete por ciento de los casos que investigan, mientras que el noventa y tres por ciento se queda represado en institución. Así que, si querían hacer más eficiente la justicia, lo que tenía que reformar eran las fiscalías.
Los especialistas dicen que sí hay corrupción en el poder judicial mexicano, pero, que es mucho menor al que hay en la clase política mexicana, la cual, históricamente ha sido elegida popularmente.
El poder judicial mexicano ha sido de los mejor estructurados de Latinoamérica, muchos jueces han entrado al sistema por concursos, sometidos a controles importantes para el avance en la carrera judicial; pero, muchos estaban en transitoriedad, problema común en la región, y aunque, lento, entre otras cosas, porque tiene cinco veces menos jueces por cada cien mil habitantes que Costa Rica, además de algunos casos de nepotismo y corrupción.
Ahora, ¿Cuál es la verdadera razón por la que se eligieron la mitad de todos los jueces, y en dos años se elegirá la otra mitad? Según mi concepto, básicamente, hay cuatro razones que llevaron al poder político dominante en los últimos años en México a tomar esta decisión. La primera, varios jueces le pararon a López Obrador algunas de sus políticas profundamente autoritarias, como, por ejemplo, pasar la Guardia Nacional, que es un ente civil, al ejército. Recuérdese que AMLO le entrego al ejército un montón de poder, en obras públicas, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles. Y ante los requerimientos de distintos actores sobre los manejos de los recursos, la Corte ordeno la entrega de información. Entonces López Obrador recurrió a la figura de la -reserva- sobre el funcionamiento del ejército, argumentando causas de seguridad nacional, razón por la cual nadie puede solicitar información sobre la ejecución de sus obras. Otro hecho fue que AMLO quiso reformar el sistema electoral, uno de los más avanzados de la región, y la Corte Suprema lo impidió.
La última y no menos importante, además de ser una venganza contra el poder judicial, con esta reforma, buscó blindarse él, sus más cercanos y su partido, de posibles investigaciones y sanciones futuras, así como para poder perseguir y judicializar a sus adversarios o a cualquiera que lo cuestione, (cada tres días hay una denuncia ante los tribunales contra periodistas que investigan casos de corrupción y nepotismo), pero quizás lo más importante, garantizarse que no haya extradiciones.
Presentaron la iniciativa constitucional el 5 de febrero de 2024 a la Cámara de Diputados, y apenas el 13 de septiembre de 2024, fue aprobada la modificación, apoyados en su mayoría en el Congreso de la Unión que le otorgo el poder electoral previamente cooptado por Morena.
Luego, se supone que el “pueblo” es quien elige, pero ese congreso dominado por Morena, hizo unas listas con los autorizados a postularse, cuyos requisitos eran simplemente tener el título de abogado y cinco cartas de recomendación de vecinos diciendo que son personas honorables, con lo cual la gran mayoría de los postulados son afectos al partido de gobierno.
Distintos medios, políticos de oposición y generadores de opinión han señalado que en esas listas hubo personas ligadas al narcotráfico, al crimen organizado, a la trata de personas, profesionales sin experiencia en el ejercicio del derecho. Además, al parecer, las listas adolecieron del escrutinio de requisitos mínimos de éticas y conocimiento necesario para impartir justicia.
Por último, dado lo complicado del sistema de votación, el ente electoral preparo unas piezas impresas, conocidas popularmente como “acordeones” con ejemplos de cómo votar, y las listas que presentaron en las más de seiscientos millones, fueron preparadas por una comisión del congreso, léase Morena, con los candidatos más afectos a ellos.
Adicionalmente, colocaron a ochenta mil “promotores” pagados por el Estado, (casi cien millones de dólares) por tres meses, visitando casa por casa, para fomentar esta elección, e impulsar a los candidatos que estaban en esos acordeones.
Sin embargo, solo el 13% de los más de 100 millones de mexicanos fueron a votar; mientras la oposición estuvo ausente, pese a que en el Congreso debatió y argumento lo grave de la reforma, en la campaña literalmente estuvo ausente y dividida, dejándole la cancha sola a Morena.
En paralelo, también se creó un tribunal de disciplina, así que en el hipotético caso de que, algún juez probo lograra llegar en esta elección, y en el ejercicio tomara decisión apegada a derecho, pero contraria a los intereses de la élite de Morena, pues ese tribunal se encargará de defenestrar a ese juez.
En conclusión, la narrativa de que el pueblo elegiría a los jueces no es real; la manipulación de las listas y la promoción de candidatos evidencia que la elección la hizo la élite de Morena, partido que tendrá patente de corso para ejecutar a discreción lo que desee, y a dedo la administración de justicia.
Se avizora para México un sistema democrático falleciendo lenta y progresivamente; pues ya no hay contrapesos e independencia de poderes en ese país.
El peligro para Latinoamérica es que esto pueda ser contagioso, y, otros países copien el mal ejemplo. Tal como sucedió en los 80-90, con los derechos prioritarios del ciudadano, y la privatización de los servicios públicos, salud, educación, pensión, transporte, comunicaciones, etc.
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