Costa Rica
La demanda sobre el Poder Judicial sigue en constante aumento, advierte el último Informe Estado de la Justicia, elaborado por el Programa Estado de la Nación (PEN). Este fenómeno responde a dos factores clave que tensionan al sistema: la aprobación de nuevas leyes que amplían sus atribuciones y el incremento en la conflictividad social, sin que se asignen los recursos necesarios para responder a estos retos.
En los últimos años, la Asamblea Legislativa ha impulsado un paquete de reformas orientadas principalmente a la seguridad, muchas respaldadas por el propio Poder Judicial. El presidente legislativo, Rodrigo Arias, ha encabezado esta agenda que incluye la creación de nuevos delitos, la modificación de procedimientos judiciales, la incorporación de convenciones internacionales y la ampliación de jurisdicciones.
Sin embargo, estas leyes rara vez van acompañadas de un presupuesto específico para su implementación, lo que genera una brecha entre las obligaciones legales y la capacidad operativa del Poder Judicial. Según el informe, con frecuencia se trasladan al sistema judicial asuntos que antes no eran judicializables, sin fortalecer su infraestructura ni aumentar el personal.
Paralelamente, la conflictividad social ha crecido en distintas áreas, desde el aumento de la criminalidad hasta un mayor número de disputas civiles, casos de violencia doméstica, procesos laborales, pensiones alimentarias y accidentes de tránsito. Esta situación amplía aún más la carga sobre los tribunales.
El informe señala que, frente a este panorama, el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y justicia restaurativa sigue siendo limitado, lo que contribuye a la saturación del sistema judicial.
Una de las áreas más impactadas es la justicia penal relacionada con la seguridad ciudadana. Entre mayo de 2019 y abril de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó 46 leyes en esta materia, de las cuales 30 afectan directamente la jurisdicción penal mediante la creación o modificación de procesos y tipos penales.
No obstante, solo 6 de estas leyes incluyen asignaciones presupuestarias específicas, lo que dificulta su aplicación práctica. El 26,7 % de las normativas son nuevas, mientras que el 73,3 % modifica legislación existente.
Aunque en la mayoría de los casos se identifica un ente responsable para ejecutar la ley, esto casi nunca viene acompañado de recursos para hacerlo efectivamente. Además, sólo siete de estas normas cumplen con el control de convencionalidad, es decir, han sido revisadas para garantizar que no contravienen tratados internacionales de derechos humanos, lo que representa un riesgo legal y operativo.
Por último, la ratificación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos añade nuevas obligaciones al Poder Judicial, también sin financiamiento adicional.
Fuente: Nación
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