Abogada de la UE respalda histórica sanción a Google por abuso de dominio

 


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Bruselas se perfila como un campo cada vez más hostil para los gigantes tecnológicos estadounidenses. Alphabet y su filial Google han recibido un revés relevante: la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Juliane Kokott, ha respaldado la histórica multa de 4.125 millones de euros impuesta por la Comisión Europea en 2018 por prácticas anticompetitivas vinculadas al sistema operativo Android.

Aunque su dictamen no es vinculante, el tribunal suele alinearse con la postura del abogado general en la mayoría de los casos, lo que aumenta significativamente la probabilidad de que se confirme la sanción.

El origen del expediente se remonta a julio de 2018, cuando Bruselas acusó a Google de abusar de su posición dominante al obligar a los fabricantes de dispositivos móviles a preinstalar Google Search y el navegador Chrome como condición para acceder a la Play Store. Esta estrategia, calificada como "de palo y zanahoria" por la Comisión, limitó la capacidad de competencia y cerró el paso a otros motores de búsqueda y navegadores.

El Tribunal General (TGUE) ya había avalado en 2022 la mayor parte de la decisión de la Comisión, aunque introdujo una leve rebaja en la cuantía original de la multa, de 4.340 a 4.125 millones de euros. Esta última cifra es la que ahora recomienda mantener la abogada Kokott. Alphabet asumiría 1.922 millones de dicha sanción, mientras que el resto recaería directamente sobre Google.

La Comisión Europea detalló que Google impuso condiciones contractuales que impedían a los fabricantes utilizar versiones alternativas de Android —las llamadas forks— y condicionó la participación en sus ingresos publicitarios a la exclusividad de sus servicios de búsqueda.

Estos mecanismos, sostuvo Bruselas, erosionaron gravemente la competencia e infringieron las normas comunitarias. Alphabet, sin embargo, no se ha dado por vencido y elevó el caso al TJUE, última instancia judicial europea.

En su dictamen, Kokott considera que el enfoque de la Comisión fue jurídicamente sólido y que las prácticas descritas constituyeron efectivamente un abuso de posición dominante.

Ante este nuevo golpe, la empresa se limitó a emitir un breve comunicado en el que reivindica el papel positivo de Android en el ecosistema digital: “Android ha creado más opciones para todos y da soporte a miles de empresas de éxito en Europa y en todo el mundo. Nos decepciona el dictamen que, si fuera confirmado, desalentaría la inversión en plataformas abiertas y perjudicaría a usuarios, socios y desarrolladores”.

La multa que analiza el TJUE es la más elevada jamás impuesta por la Comisión Europea por prácticas contrarias a la libre competencia, superando incluso los 2.424 millones que también recayeron sobre Google por favorecer su comparador de precios. Ambas sanciones han sido confirmadas en distintas instancias judiciales, con excepción de una tercera de 1.490 millones de euros que el Tribunal General anuló parcialmente y que está actualmente recurrida.

En conjunto, las tres multas impuestas por Bruselas a Alphabet ascienden a cerca de 8.000 millones de euros. No obstante, esta cifra representa una fracción marginal de los beneficios de la compañía, que solo en 2024 reportó más de 100.000 millones de dólares en ganancias netas y facturó unos 350.000 millones.

Frente a la lentitud de los procesos judiciales —la investigación en cuestión se abrió en 2016 y aún no hay sentencia firme—, la Comisión Europea ha endurecido su marco regulatorio con la entrada en vigor del Reglamento de Mercados Digitales (DMA) en 2022. Esta norma permite a Bruselas intervenir de forma más ágil y preventiva, incluso obligando a modificar modelos de negocio en caso de incumplimientos reiterados.

Las similitudes del caso con procesos abiertos en Estados Unidos refuerzan la tendencia global a vigilar de forma más estricta el comportamiento de las grandes plataformas tecnológicas. En particular, un tribunal federal en Washington falló recientemente contra Google por prácticas monopólicas, abriendo la puerta a posibles desinversiones forzadas.

Fuente: El País

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