En medio de crecientes tensiones políticas en la capital paraguaya, concejales de la oposición insisten en que cualquier eventual sucesor del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista) debe ser electo mediante el voto popular. Sin embargo, desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) advierten que el cumplimiento de ese proceso podría resultar inviable en términos operativos y logísticos.
Durante una acalorada sesión de la Junta Municipal de Asunción, los ediles opositores expresaron posturas divergentes sobre la oportunidad del pedido de intervención a la administración municipal, pero coincidieron en un punto clave: de concretarse la destitución de Rodríguez, corresponde convocar a elecciones.
El concejal Álvaro Grau (Partido Patria Querida) fue enfático al señalar que la Constitución Nacional obliga a convocar elecciones en caso de destitución. “En caso de renuncia, se elige entre los concejales. Pero si es destitución, es ineludible acudir al voto ciudadano. Ya ocurrió en Ciudad del Este con Sandra McLeod”, recordó.
Grau advirtió además sobre los riesgos de designaciones “entre cuatro paredes”, sugiriendo que ello podría desembocar en acuerdos de impunidad. “Debemos respetar la voluntad popular. Solo la ciudadanía puede legitimar a un nuevo intendente”, sostuvo.
En la misma línea, el liberal Humberto Blasco (PLRA) manifestó su desacuerdo con el proceso impulsado por la Contraloría General de la República, al cual calificó de “maniobra política”, pero subrayó que cualquier reemplazo debe surgir del sufragio. “Nunca más intendentes electos entre trece. Que hable el pueblo”, sentenció, haciendo alusión al número de concejales y evocando una cita bíblica para criticar acuerdos a puerta cerrada.
El concejal Félix Ayala (PLRA) también cargó contra el oficialismo, específicamente contra el movimiento Honor Colorado, al que responsabiliza de operar políticamente para favorecer y perjudicar selectivamente a intendentes según conveniencia. “El intendente tiene derecho a defenderse, pero no a paralizar la ciudad. Lo más saludable para la institucionalidad sería convocar a elecciones”, señaló.
Consultado por ABC Color, el director de Procesos Electorales del TSJE, Carlos María Ljubetic, reafirmó su postura: aunque la Constitución establece el deber de convocar elecciones ante una destitución, su aplicación resulta “materialmente muy difícil” por los plazos establecidos en el calendario electoral y la reciente legislación sobre financiamiento político.
Ljubetic detalló que, incluso si la Cámara de Diputados aprueba de inmediato la intervención, esta debe extenderse por 90 días, a lo que se suman otros 60 días para la presentación del informe final del interventor. Solo una vez concluido ese proceso, podría iniciarse el trámite para una eventual elección.
Además, recordó que las internas partidarias de cara a las elecciones municipales generales están fijadas para el 7 de junio de 2026, y los comicios generales municipales para el 11 de octubre de ese mismo año. “Estaríamos hablando de elegir un intendente para que asuma durante dos meses, lo cual plantea serias interrogantes sobre su sentido práctico”, concluyó.
Mientras tanto, el proceso de intervención aún se encuentra bajo análisis en la Cámara de Diputados. La presión de la oposición y la incertidumbre sobre la continuidad de Rodríguez al frente del gobierno municipal mantienen en vilo la gobernabilidad de la capital.
El debate no solo expone un conflicto jurídico y administrativo, sino también la tensión política entre fuerzas que buscan, por un lado, preservar la legitimidad institucional y, por otro, asegurar el control territorial de cara a las elecciones de 2026.
Fuente: ABC Color
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