La normativa, compuesta por 25 artículos, fue avalada con el voto favorable de 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral. La oposición no respaldó la iniciativa y diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto locales como internacionales, han manifestado su rechazo, al considerar que la ley representa una amenaza directa al espacio cívico y a las libertades democráticas.
Impulsada directamente por el presidente Nayib Bukele, esta legislación retoma una propuesta similar presentada en 2021, que en ese entonces contemplaba un gravamen del 40 %.
La ley prohíbe a las ONG utilizar financiamiento externo para actividades no previamente declaradas, modificar sin autorización los fines para los cuales se recibieron fondos, o aceptar donaciones de origen anónimo. El incumplimiento de estas disposiciones podría conllevar sanciones económicas que oscilan entre los 10.000 y 200.000 dólares.
Además del impuesto del 30 % a toda transacción financiera, transferencia o importación de bienes provenientes del extranjero, la legislación faculta al presidente para emitir reglamentos adicionales sin necesidad de aprobación legislativa, según lo establecido en su artículo 20. Este artículo ha sido señalado por críticos como una cláusula que otorga facultades discrecionales al Ejecutivo para definir la aplicación de la norma.
Desde la oposición, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, advirtió que la ley representa “una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico”, agregando que deja en manos del Gobierno la potestad de aplicar el impuesto de forma arbitraria.
Organismos internacionales también han elevado su voz. Human Rights Watch (HRW) alertó que legislaciones similares han sido utilizadas en países como Rusia y Nicaragua para estigmatizar y reprimir a la sociedad civil y a los medios independientes. Según HRW, este tipo de leyes “imponen cargas burocráticas excesivas, facilitan la injerencia estatal y pueden derivar en censura o cierre de organizaciones”.
El Gobierno salvadoreño aún no ha detallado el calendario de implementación ni los mecanismos operativos de esta ley, cuya aprobación ya genera tensiones en el ámbito nacional e internacional por sus implicaciones en materia de derechos civiles y gobernabilidad democrática.
Fuente: France 24
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