En medio de las presiones del gremio de transportistas, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, señaló este miércoles que todavía no se ha definido una fecha para un posible aumento en el valor del pasaje urbano en los buses convencionales. El anuncio se dio durante su habitual espacio radial, donde explicó que la situación económica de los ciudadanos también debe ser considerada.
“Entendemos que sube la gasolina, suben los repuestos, el diésel… pero también hay que mirar a la ciudadanía, que tampoco tiene plata”, afirmó Álvarez al referirse al complejo escenario financiero que enfrentan tanto los transportistas como los usuarios del transporte público.
Mientras tanto, el sistema Metrovía ya experimentó un incremento tarifario a inicios de año, pasando de 30 a 45 centavos de dólar, aunque con subsidios municipales para ciertos usuarios. Los transportistas de buses urbanos esperan una medida similar, pero el cabildo ha condicionado cualquier ajuste al cumplimiento de estándares de modernización, como la incorporación de buses con aire acondicionado y conexión WiFi.
De concretarse el aumento, el Municipio prevé un subsidio diario cercano a los USD 230.000, según estimaciones preliminares. Las conversaciones entre la Alcaldía y la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug), presidida por Christian Sarmiento, han sido retomadas tras los roces generados por el paro de septiembre de 2024.
Una de las principales tensiones gira en torno a la cooperativa Río Amazonas, liderada por Sarmiento. Sus rutas —54, 73 y 118— fueron suspendidas por la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) desde el 1 de enero de 2025 por incumplimientos contractuales, dejando fuera de circulación a 82 unidades. Álvarez denunció que algunos conductores intentaron seguir operando bajo el nombre de otras cooperativas, acción que calificó como inaceptable: “Taparon los stickers de sus buses para seguir circulando. Obviamente, eso no lo podemos permitir”.
Durante su intervención, el alcalde también se refirió brevemente al denominado caso “Triple A”, donde enfrenta cargos por presunta comercialización ilegal de combustibles. Álvarez reiteró que se trata de una “persecución política” y aseguró que su defensa está en manos de sus abogados.
“No existen elementos suficientes para que me llamen a juicio”, dijo, al insistir en que su rol como representante legal de una comercializadora implicaba justamente la afiliación de estaciones de servicio. El caso, que se originó tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero en julio de 2024, se encuentra próximo al cierre de la etapa de instrucción fiscal, prevista para el 11 de mayo.
“Si algún tercero cometió un delito, yo qué culpa tengo”, añadió Álvarez, asegurando estar “tranquilo” mientras se aproxima la etapa preparatoria del juicio.
Fuente: Primicias
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