A siete días del atentado que cobró la vida de dos funcionarios cercanos a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el caso se mantiene sin avances significativos en términos de detenciones. Paralelamente, la suspensión de dos altos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señalados por presunta alteración de pruebas, ha encendido alertas en el ámbito político y judicial de la capital.
El ataque ocurrió el martes 20 de mayo, alrededor de las 7:00 a.m., cuando Ximena Guzmán, secretaria particular de la Jefa de Gobierno, y José Muñoz, su coordinador de asesores, fueron asesinados mientras circulaban en un vehículo en Calzada de Tlalpan, colonia Moderna. Sujetos armados a bordo de una motocicleta interceptaron el automóvil y abrieron fuego, en un ataque que, por su planeación y ejecución, apunta a estructuras del crimen organizado.
La gravedad del atentado y el perfil de las víctimas han colocado este hecho como uno de los más delicados en materia de seguridad política de la última década en la capital del país.
Hasta el corte del 27 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha reportado capturas relacionadas con el caso, a pesar de operativos coordinados con fuerzas federales y el despliegue de inteligencia para reconstruir los movimientos de los atacantes. Según información oficial, los sicarios habrían utilizado al menos tres vehículos diferentes en su huida, con dirección probable hacia el noreste del Estado de México.
En una arista que agrava el panorama, se confirmó la suspensión de dos mandos operativos de la policía capitalina por presunta manipulación de evidencia. Las autoridades no han detallado el tipo de pruebas alteradas ni los niveles de responsabilidad, pero el hecho plantea dudas serias sobre la integridad del proceso investigativo.
Fuentes vinculadas al caso manejan varias hipótesis. Una de las más relevantes sugiere un posible acto de represalia por la reciente detención de Israel Gálvez, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en tres demarcaciones de la capital, ocurrida días antes del atentado. No obstante, registros de vigilancia previa a las víctimas desde el 14 de mayo —fecha anterior a dicha detención— debilitan esta línea y abren la posibilidad de móviles políticos o mensajes dirigidos directamente a figuras de alto nivel en Morena.
Los peritajes forenses continúan en curso, centrados en análisis de ADN, revisión de cámaras del C5, y rastreo de comunicaciones en los días previos al atentado.
Tras los hechos, el Gobierno de la Ciudad de México implementó una serie de acciones inmediatas:
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Refuerzo de seguridad a Clara Brugada: La Jefa de Gobierno ha retomado actividades públicas bajo un esquema de protección ampliado.
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Evaluación de riesgos en el gabinete: Se revisan protocolos de seguridad para funcionarios clave, con la posibilidad de aplicar nuevas medidas preventivas.
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Coordinación con el Gobierno Federal: La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su respaldo a Brugada, instruyendo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a colaborar estrechamente con las autoridades locales.
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Alerta en otros estados: Como medida precautoria, entidades como Puebla han reforzado la seguridad de su personal de gobierno.
Este crimen ha golpeado de lleno al aparato de gobierno de la capital, desatando una ola de cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para contener la violencia dirigida contra funcionarios públicos. La falta de resultados concretos, sumada a la presunta corrupción interna en las fuerzas de seguridad, representa un doble reto: esclarecer los hechos y restaurar la confianza ciudadana.
“El mensaje es claro: no habrá impunidad”, expresó un vocero de la Secretaría de Seguridad, quien llamó a evitar especulaciones mientras se desarrollan las investigaciones.
La presión sobre la administración de Clara Brugada es creciente. Más allá del impacto personal y político, el caso se ha convertido en una prueba de fuego para las instituciones de seguridad y justicia de la capital. La exigencia social y mediática es clara: resultados contundentes, transparencia en el proceso, y cero tolerancia ante actos de encubrimiento o negligencia.
El desenlace de esta investigación será determinante no sólo para hacer justicia a las víctimas, sino para marcar el rumbo de la seguridad pública en una de las ciudades más importantes del país.
Fuente: La Verdad Noticias
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