Ecuador
A menos de dos semanas del vencimiento del plazo establecido por la consulta popular del 21 de abril de 2024, el Consejo de la Judicatura continúa paralizado, sin aprobar el reglamento clave para la designación de jueces de Garantías Constitucionales.
La reforma judicial impulsada por la consulta popular se encuentra en punto muerto. Las disputas internas entre los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura han impedido la aprobación del reglamento que permitirá seleccionar a los nuevos jueces encargados de tramitar acciones de protección, hábeas corpus y otras garantías constitucionales.
La norma, inscrita en el Registro Oficial el pasado 9 de mayo, otorgaba un año para su implementación. Sin embargo, todo indica que ese plazo no se cumplirá.
La vocal Solanda Goyes, en rueda de prensa este 24 de abril, denunció que el proyecto de reglamento presentado contiene “inconstitucionalidades e ilegalidades” similares a las que provocaron la nulidad de concursos anteriores durante las gestiones de Wilman Terán y Álvaro Román.
Entre los puntos más preocupantes, Goyes mencionó:
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Falta de requisitos técnicos: El reglamento no exige experiencia mínima en materia constitucional para los jueces de primer nivel.
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Evaluación opaca de probidad: La prueba de confianza estaría a cargo de Talento Humano, sin supervisión directa del Pleno.
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Eliminación de la paridad de género: Se suprimieron mecanismos que garantizaban la igualdad entre hombres y mujeres en las designaciones.
“No podemos repetir los errores del pasado. Si este reglamento avanza así, se pone en riesgo la constitucionalidad del proceso”, advirtió Goyes.
Tras la rueda de prensa, estaba prevista una nueva sesión del Pleno del Consejo, pero por cuarta ocasión consecutiva no se logró reinstalar, esta vez por la ausencia de la propia Goyes. Solo asistieron el presidente Mario Godoy y la vocal Yolanda Yupangui.
Godoy defendió el proceso, asegurando que el reglamento fue construido de forma participativa, con presencia de delegados de todas las vocalías y en coordinación con la Corte Nacional de Justicia.
“No entiendo la contradicción: su equipo estuvo en todo el proceso, pero ahora ella lo objeta públicamente”, señaló Godoy.
En cuanto a la paridad de género, sostuvo que el documento sí incluye medidas afirmativas, aunque sin aplicar una regla estricta de igualdad numérica. Sobre los criterios de especialización, insistió en que exigir títulos de posgrado sería excluyente debido a la limitada oferta académica.
Por su parte, Yupangui expresó su disposición a dialogar y manifestó que no ha recibido una convocatoria formal de Goyes para tratar las observaciones. “Aquí estamos. Esperamos poder conversar y llegar a acuerdos”, afirmó.
La crisis interna ha congelado el primer paso de una reforma que recibió el respaldo del 60% de los votantes. Sin un reglamento aprobado, no se puede avanzar en la conformación de las Unidades Judiciales de Garantías Constitucionales.
Los vocales ya anticipan que no será posible cumplir el mandato antes del 9 de mayo. El estancamiento prolongado en el Pleno amenaza con desacreditar el proceso y podría desencadenar nuevas impugnaciones legales.
Mientras tanto, la ciudadanía espera resultados concretos de una reforma que prometía fortalecer la justicia constitucional del país.
Fuente: Primicias
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