La Comisión sobre Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa recomendó este lunes devolver a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico el proyecto de reforma a la prisión preventiva, con el objetivo de que este foro analice las observaciones de inconstitucionalidad señaladas por la Sala IV y proponga correcciones pertinentes.
El principal señalamiento de la Sala Constitucional recae sobre la inclusión de los conceptos de “peligro para la comunidad” y “actos de terrorismo relacionados directamente con la investigación” como causales para dictar prisión preventiva. Los magistrados determinaron que estos elementos vulneran principios fundamentales como la presunción de inocencia, la legalidad penal, la razonabilidad y la proporcionalidad.
La recomendación de devolver el proyecto fue respaldada por unanimidad entre los cuatro diputados presentes en la comisión.
En cuanto al proyecto que busca permitir el secuestro de capitales sin origen lícito aparente, la Comisión acordó recomendar su continuidad en el plenario. Sin embargo, se aprobó una moción para eliminar un apartado que, según la Sala IV, presentaba conflictos con la Constitución.
El inciso a) del artículo 20 ter de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que se pretendía incluir, fue objetado por los magistrados debido a que no garantizaba adecuadamente el derecho de defensa y el debido proceso.
A favor de la eliminación de este apartado se manifestaron las diputadas Andrea Álvarez y Paulina Ramírez (PLN), Jonathan Acuña (Frente Amplio) y Luz Mary Alpízar (PPSD). La única opositora fue Ada Acuña (PPSD), quien argumentó que la urgencia del proyecto podría justificar su aprobación sin cambios inmediatos, aunque plantearía la discusión dentro de su fracción.
El proyecto de reforma a la prisión preventiva fue impulsado por el diputado y precandidato presidencial del PLN, Gilberth Jiménez. Su propuesta busca modificar los artículos 239 y 239 bis del Código Procesal Penal, con el fin de endurecer las medidas contra los sospechosos de delitos que atentan contra la seguridad ciudadana.
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, sostuvo que los vicios de inconstitucionalidad señalados por la Sala IV ya habían sido advertidos durante la discusión del proyecto en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. “Nos han atacado por votar en contra y nos acusan de querer favorecer a los criminales. Pero aquí está la Sala Constitucional confirmando que el proyecto viola derechos fundamentales”, expresó.
Por su parte, la diputada Andrea Álvarez del PLN explicó que intentar corregir el texto desde la Comisión de Consultas de Constitucionalidad podría generar los mismos errores, por lo que consideró más adecuado devolver la iniciativa a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que fue la encargada de su dictamen inicial.
La propuesta para permitir el secuestro de capitales sin origen lícito aparente fue presentada originalmente durante el gobierno de Carlos Alvarado y retomada por la administración actual. Esta iniciativa facultaría a la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio Público a solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda medidas anticipadas y provisionales sobre bienes y productos financieros de interés.
Según la Sala IV, la posibilidad de que la Fiscalía solicite tales medidas antes de presentar una denuncia es legítima, siempre que haya un control jurisdiccional adecuado. No obstante, los magistrados señalaron que el inciso a) del artículo 20 ter era problemático, ya que permitía la notificación de traslado de una denuncia por cualquier medio previamente registrado ante una autoridad judicial, incluso antes del inicio de un proceso formal. Esto, según la Sala, no garantiza una comunicación efectiva, segura y confiable para la persona afectada, lo que vulnera sus derechos a la defensa y al debido proceso.
Con la eliminación de esta disposición, el proyecto podría avanzar en su tramitación sin contratiempos constitucionales.
Fuente: Nación
.jpg)