La recientemente aprobada Ley de Seguridad Alimentaria, que modifica una normativa de 2016, establece nuevas medidas que permitirán que un consejo de funcionarios recomiende al Poder Ejecutivo la importación de alimentos sin aranceles en casos de emergencia, como pandemias o desastres naturales.
En el contexto de la gestión del presidente Luis Abinader, el Congreso ya había liberado de impuestos más de 60 alimentos, y había intentado, sin éxito, aprobar una medida similar para el azúcar. Con esta nueva legislación, el Consejo Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) recibirá la facultad de proponer al presidente la suspensión de aranceles para la importación de alimentos en situaciones críticas.
La suspensión de aranceles será una medida excepcional, aplicable solo cuando la seguridad alimentaria nacional se vea amenazada debido a una emergencia, como una pandemia o un desastre natural. Según la iniciativa, las exenciones se activarán si la escasez de alimentos pone en riesgo la salud nutricional del país o afecta la estabilidad económica y los intereses del Estado.
Además de facilitar la importación en tiempos de crisis, la ley busca garantizar la calidad de los alimentos, el acceso equitativo a los mismos, la estabilidad en la oferta sin alteraciones de precios y su disponibilidad. "La seguridad alimentaria se logra cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a alimentos nutritivos y seguros para satisfacer sus necesidades", señala el proyecto impulsado por el presidente Abinader.
A pesar de que el proyecto fue aprobado sin dificultades por la mayoría del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en ambas cámaras, los opositores rechazaron la propuesta, argumentando que "afecta" las funciones del Congreso. Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, criticó la medida, señalando que el Congreso es el órgano encargado de autorizar la importación sin aranceles. De igual forma, el diputado Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana, denunció que la ley "vulnera" las atribuciones del legislativo en su papel de fiscalización.
Fuente: Diario Libre