El proceso de nulidad electoral contra el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, avanza por presunta doble militancia. En una nueva fase del caso, se conoció que la defensa de Beltrán presentará una denuncia por posible falsedad personal.
El foco de la controversia está en María Elena Cano, una residente del municipio de Floridablanca que interpuso una demanda contra Beltrán, alegando irregularidades en su elección. Sin embargo, los abogados del alcalde sospechan que su identidad podría estar siendo utilizada para aumentar el número de demandantes con el fin de generar mayor visibilidad mediática.
Los defensores señalan varias inconsistencias que apoyan esta hipótesis. Entre ellas, Cano no ha participado activamente en el proceso, evita aparecer en cámara durante las audiencias y no firmó el documento de 28 páginas presentado ante el Tribunal Administrativo de Santander. Además, dicho documento muestra una posible manipulación, ya que parece haber sido modificado a partir de un archivo titulado “Hoja de vida Carlos Mario Santander Rojas mayo 2024”, lo que genera aún más dudas.
Carlos Mario Santander, actual director de la Unidad de Víctimas de la Gobernación de Santander, admitió tener vínculos personales con Carlos Barajas, uno de los promotores del proceso contra el alcalde. Barajas, por su parte, aseguró en redes sociales que Cano lo contactó a través de la plataforma X para solicitar su apoyo, aunque nunca la ha conocido personalmente, todo su contacto ha sido virtual.
La defensa de Beltrán ahora solicita a la Fiscalía que investigue si los demandantes son quienes dicen ser o si se está suplantando su identidad con fines políticos. El abogado Rodrigo Parada subrayó la necesidad de esclarecer si estas personas realmente están involucradas en el proceso.
La demanda de nulidad electoral alega que Jaime Andrés Beltrán habría favorecido a candidatos de partidos como el Centro Democrático, Partido de la U y Partido Conservador, en lugar de apoyar exclusivamente a miembros de su partido, Colombia Justa Libres. La discusión legal sigue en curso.
Fuente: Semana