Costa Rica
En lo que va del 2024, la Sala Constitucional ha emitido seis sentencias en contra del gobierno de Rodrigo Chaves por no reglamentar leyes vigentes desde agosto de 2020. Los magistrados han ordenado a siete ministros y un viceministro que emitan la reglamentación correspondiente en un plazo de dos meses para permitir la aplicación de estas normas.
Las sentencias son el resultado de seis recursos de amparo que denunciaron el incumplimiento de los plazos establecidos en las leyes o la falta de acción del gobierno en su reglamentación, como lo exige la Constitución Política.
El artículo 140, inciso 3, de la Constitución establece que es responsabilidad del Poder Ejecutivo “sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento”.
Las sentencias recuerdan a los funcionarios que el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional prevé sanciones de prisión de tres meses a dos años, o multas de veinte a sesenta días, para aquellos que no cumplan con las órdenes derivadas de un recurso de amparo, salvo que se trate de un delito más grave.
Además, el Estado ha sido condenado a pagar las costas y los daños derivados de la falta de reglamentación de las leyes.
De las seis leyes mencionadas, tres ya cuentan con sus reglamentos gracias a los fallos emitidos en enero, junio y julio. Entre ellas se encuentra la Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí, cuya reglamentación fue publicada el 7 de junio y encomendada a Natalia Díaz, entonces ministra de la Presidencia, y a Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía. Tras la renuncia de Díaz el 22 de junio, Laura Fernández asumió el cargo.
La Ley de la Agencia de Gobierno Digital fue regulada el 6 de septiembre, tarea que correspondió a Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Por su parte, la ley que regula el vapeo y otros productos similares fue reglamentada el 9 de agosto, siendo responsabilidad del viceministro de Salud, Allan Mora.
Entre las leyes restantes, una fue promulgada en septiembre y dos en octubre, por lo que aún están dentro del plazo para cumplir con lo ordenado. Sin embargo, la reforma al Estatuto de Servicio Civil que establece la obligatoriedad de un examen de idoneidad para ingresar a la carrera docente ha sido la más demorada, vigente desde el 12 de agosto de 2020 sin reglamentación. Los magistrados instruyeron el 4 de octubre a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, para resolver este retraso.
En cuanto al Ministerio de Salud, ha sido el más sancionado por no cumplir con su deber de reglamentación. El 20 de septiembre, la Sala Constitucional ordenó a Mary Munive, ministra de Salud, y a Víctor Carvajal, ministro de Agricultura y Ganadería, emitir el reglamento de la Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico, así como del cáñamo para uso alimentario e industrial, que debió ser promulgado seis meses tras su entrada en vigencia en marzo de 2022.
Asimismo, el 4 de octubre se ordenó a Munive y al ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, reglamentar la Ley de Voluntades Anticipadas, que permite a las personas expresar su deseo sobre el tratamiento médico al final de su vida. El reglamento de esta ley, que estaba en proceso de revisión desde el 24 de junio, ahora debe ser finalizado por Laura Fernández, actual ministra de la Presidencia.
Fuente: Nación
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