El partido Fuerza del Pueblo (FP) ha expresado su rechazo ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que declaró conforme a la Constitución un Acuerdo entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos relacionado con la legitimación marítima. Según la FP, este acuerdo, firmado por el canciller Roberto Álvarez, implica la cesión de una parte significativa de las aguas territoriales dominicanas en el mar Caribe, específicamente frente a la costa sur, en favor de las islas Aruba, Curazao y Bonaire, que forman parte del Reino de los Países Bajos.
Manolo Pichardo, coordinador de la FP, apoyó las objeciones planteadas por los jueces del TC que rechazaron el acuerdo, quienes argumentaron que no se tomó en cuenta la Ley número 66-07, que establece a la República Dominicana como un estado archipelágico y define su Zona Económica Exclusiva hasta 200 millas náuticas.
El acuerdo se basa en el "principio de equidistancia" entre la República Dominicana y las islas del Reino de los Países Bajos en el Caribe, en lugar de aplicar el "principio de equidad". Este enfoque implicó determinar una línea divisoria en el mar, considerando las líneas de costa de ambos territorios.
La declaración de estado archipelágico del territorio dominicano, que incluye más de 150 islas menores y diversos arrecifes, permite al país ejercer dominio sobre las aguas circundantes. Sin embargo, la sentencia del TC fue aprobada con siete votos a favor, cuatro en contra y dos salvados. En su voto disidente, el magistrado Domingo Gil criticó el acuerdo por no reconocer el estatus de la República Dominicana como estado archipelágico y por ignorar su legislación nacional.
Gil destacó que el acuerdo socava la ley nacional y le otorga a los Países Bajos ventajas en la explotación de recursos marinos, refiriéndose a un artículo que prevé consultas técnicas para la explotación conjunta de yacimientos minerales que crucen la línea establecida.
Fuerza del Pueblo ha manifestado su desconfianza hacia el criterio de los magistrados del TC, en especial de aquellos designados durante la administración de Luis Abinader. En un comunicado, la FP cuestionó que solo uno de los siete nuevos magistrados emitió un voto en contra del acuerdo.
Pichardo argumentó que la sentencia se basa en un principio que fue utilizado en acuerdos anteriores con Colombia y Venezuela, que carecían del marco legal actual. “Este acuerdo atenta contra nuestra soberanía y contradice la Constitución. Resulta incomprensible que el Tribunal Constitucional haya desestimado la Ley 66-07, que define nuestro estado archipelágico”, aseguró.
El acuerdo, firmado en julio de 2025 por Roberto Álvarez y la embajadora de los Países Bajos en el país, Annemieke Verrijp, aún debe ser aprobado por el Congreso Nacional. La FP advirtió que su aprobación podría sentar un precedente perjudicial para la soberanía dominicana en futuras disputas territoriales.
Fuente: Diario Libre
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