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El Fiscal General, Carlo Díaz Sánchez, ha acusado al presidente Rodrigo Chaves de intervenir indebidamente en la investigación judicial sobre la autorización de permisos de tala en terrenos que deberían ser reincorporados al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Talamanca.
Díaz calificó de “desafortunadas” las declaraciones del mandatario sobre la investigación penal, que también abarca la creación del plan regulador costero para la zona marítimo-terrestre del cantón. El Ministerio Público sospecha que se están tramitando permisos de construcción en áreas restringidas.
En una entrevista con Puro Periodismo, el periodista Édgar Fonseca cuestionó a Díaz sobre si las declaraciones del presidente constituyen una “abierta intromisión del Ejecutivo en las funciones jurisdiccionales”.
Díaz respondió: “En cierto sentido, sí. Nosotros respetamos la separación de poderes. Cuando se nos pregunta sobre decisiones del Ejecutivo, decimos ‘no, no es mi campo’. Sin embargo, considero que son comentarios desafortunados por parte del presidente”.
El Fiscal también criticó la falta de conocimiento del presidente sobre el procedimiento y los hechos investigados. “Él ha manifestado que no es abogado. Respetamos sus opiniones, pero no las compartimos. Hay una falta de comprensión sobre lo que está ocurriendo en este caso y sobre las acciones del Ministerio Público”, explicó Díaz.
Díaz considera que las declaraciones del presidente se perciben como acciones políticas, mientras que desde el ámbito jurídico, se está realizando un “gran trabajo técnico y científico”.
Rodrigo Chaves ha abordado la investigación de Gandoca en múltiples ocasiones. El 28 de agosto, el presidente declaró que no observó tala de árboles durante su visita al refugio y minimizó la construcción de un camino sobre un humedal, según la Fiscalía. El 22 de julio, Chaves había afirmado que solo se habían talado 23 árboles, calificando el “escándalo” como un distractor.
Chaves también defendió al empresario Allan Pacheco Dent, representante de la firma Playa Manzanillo S.A., que recibió el permiso de tala. Pacheco ha visitado la Casa Presidencial al menos siete veces y recibió un nombramiento en el Ministerio de Cultura. Funcionarios gubernamentales también han participado en eventos en una finca de la familia del empresario en Barva de Heredia.
El 21 de agosto, Chaves cuestionó los 26 allanamientos realizados por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en relación con el plan regulador. Comentó: “Ayer hubo 26 allanamientos. Pregúntele al fiscal ambiental por qué hubo tantos allanamientos cuando un juez penal, al considerar la misma solicitud de prisión preventiva, respondió que no se tipifica un delito”.
Chaves hizo referencia a la resolución del 6 de agosto, en la que el juez penal Félix Castellón Ruiz rechazó imponer medidas cautelares al empresario Pacheco, a dos funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y a la administradora del refugio. El juez argumentó que, aunque el daño ambiental es grave, no hay pruebas de un plan previo.
Díaz criticó esta resolución como “ilegal” y señaló un “pésimo análisis de la prueba y desconocimiento jurídico” por parte del juez. Afirmó que el Ministerio Público continúa recopilando pruebas para una posible acusación, desestimación o sobreseimiento, si no se demuestra la participación de los implicados.
El caso comenzó en mayo de 2024, cuando vecinos de Talamanca denunciaron la posible extracción ilegal de madera en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Se difundieron fotos y videos en redes sociales que alertaron sobre la situación.
El 24 de mayo, el presidente Chaves solicitó al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, confirmar que los permisos de aprovechamiento forestal otorgados a la empresa Playa Manzanillo S.A., vinculada a Pacheco, estaban en regla. La finca en cuestión forma parte de 188 hectáreas de bosque cedidas mediante una ley de 2014, que la Sala IV declaró inconstitucional en julio de 2019. Sin embargo, las tierras no han sido reincorporadas al refugio.
El Ministerio Público ha realizado varios allanamientos, incluyendo la Municipalidad de Talamanca y la residencia del alcalde Rugeli Morales, por la presunta autorización ilegal de permisos de aprovechamiento forestal.
Fuente: La Nación
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