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El Ministerio Público de Guatemala, a través del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, presentó este miércoles una solicitud ante la Justicia para iniciar un nuevo proceso de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo. La acusación se centra en supuestos pagos a empresas encargadas de obras públicas, utilizando un mecanismo que, según la FECI, responde a criterios políticos en lugar de ajustarse a la ley de Contrataciones del Estado.
La Fiscalía ha señalado que busca retirar la inmunidad del presidente Arévalo para investigarlo por tres posibles delitos: abuso de autoridad, usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución Nacional.
El Gobierno de Arévalo rechazó rápidamente estas acusaciones, calificándolas de infundadas y sin base legal o legitimidad pública. En un comunicado enviado a los medios, la administración expresó que estas acciones carecen de "credibilidad pública, solidez jurídica, y propósito legítimo".
El Ministerio Público sostiene que el presidente Arévalo habría creado un sistema de pagos que no sigue los criterios técnicos apropiados, lo que llevó a la destitución de la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, en mayo pasado. Según De la Vega, el sistema de pagos impuesto por el gobierno se basó en decisiones políticas, contrarias al progreso real de las obras. Aseguró que durante su gestión, los pagos se realizaron de acuerdo con criterios técnicos, evitando cualquier tipo de corrupción.
Por su parte, el presidente Arévalo ha admitido la existencia de un listado de pagos, pero aseguró que su propósito es garantizar que los desembolsos del Gobierno se realicen de manera ordenada y supervisada, asegurando que las obras cumplan con los estándares de avance y ausencia de corrupción. Además, explicó que se trató de un procedimiento técnico, regular y rutinario dentro del Estado.
Las tensiones entre el Ministerio Público, liderado por Consuelo Porras, y el presidente Arévalo han sido evidentes. La Fiscalía ya ha intentado procesar al mandatario en dos ocasiones previas por supuestos delitos como lavado de dinero y uso de documentos falsos, acusaciones que Arévalo ha rechazado enfáticamente.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha desestimado las solicitudes de antejuicio anteriores presentadas por la Fiscalía.
Arévalo ha acusado a Porras de intentar un golpe de Estado al tratar de impedir que asumiera el poder tras ganar las elecciones en 2023. Desde entonces, ha pedido en varias ocasiones su renuncia, sin éxito, y ha solicitado al Congreso reformar la ley del Ministerio Público para poder destituirla.
Fuente: CNN
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