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La diputada nacional por Mendoza, Mercedes Llano del partido La Libertad Avanza, ha presentado un proyecto de ley destinado a limitar el gasto del Congreso Nacional. Inspirado en las directrices del presidente Javier Milei para otros órganos del Estado, esta iniciativa busca poner fin al uso clientelar de los recursos legislativos.
Según explicaciones cercanas a la diputada, el proyecto tiene como objetivo combatir prácticas que han convertido al Poder Legislativo en un foco de gasto excesivo y contrataciones desproporcionadas, a expensas de la calidad de la labor legislativa. Mercedes Llano afirmó que las restricciones propuestas buscan erradicar estos problemas arraigados en los cuerpos legislativos tanto a nivel nacional como provincial.
En sus fundamentos, Llano especifica que el proyecto busca establecer límites claros tanto al tamaño como al gasto del Congreso de la Nación, e insta a las legislaturas provinciales a adoptar medidas similares. Además, propone prohibir la distribución discrecional de beneficios por parte de los legisladores.
"Este proyecto introduce topes máximos con la intención de reducir drásticamente el gasto legislativo, en marcado contraste con los pisos mínimos impuestos por gobiernos populistas que no contaban con recursos para financiarlos", agregó la diputada.
El proyecto cuenta con el respaldo de otros diputados libertarios como Emilia Orozco, Lilia Lemoine, Paula Omodeo, Rocío Bonacci, Gerardo Huessen, María Fernanda Araujo, Carlos García, Julio Moreno y Florencia Klipauka.
Entre las disposiciones destacadas, se incluye la limitación del número de empleados por legislador, basada en datos de la Oficina Nacional de Presupuesto que muestran un crecimiento significativo en la estructura de personal del Congreso en la última década. Además, se propone que el gasto total del Congreso no exceda el 0.1% de los gastos corrientes del presupuesto general de la República.
La propuesta también prohíbe que el Congreso otorgue becas, subsidios, pensiones o cualquier beneficio de manera discrecional, asegurando que la adjudicación de estos recursos no esté sujeta a la voluntad individual de sus miembros.
Finalmente, el proyecto no solo impacta al Congreso Nacional, sino que invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a establecer topes equivalentes en un plazo de cinco años.
Fuente: A24
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