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Miembros de la bancada parlamentaria de la agrupación Creemos han solicitado a la comunidad internacional que proceda con cautela en su respaldo al gobierno de Luis Arce, frente a las afirmaciones de un presunto "golpe de Estado" o "autogolpe". En una comunicación dirigida a organismos internacionales, los legisladores expresaron preocupación por lo que consideran podría ser una estrategia destinada a encubrir graves violaciones a los derechos humanos y amenazar la paz y seguridad de los bolivianos.
Los parlamentarios de Creemos subrayaron la reciente presencia militar en el centro del poder político nacional como un posible intento de desviar la atención de la situación crítica que enfrenta Bolivia. En este contexto, urgieron a realizar una investigación con la participación de observadores internacionales imparciales.
"Valoramos los pronunciamientos de la comunidad internacional, pero mantenemos nuestras reservas sobre la buena fe del gobierno boliviano y su supuesta agenda totalitaria, contraria a los principios de los organismos internacionales. Continuaremos denunciando estas maniobras que implican serias violaciones a los derechos humanos y representan un riesgo para la paz y seguridad de los bolivianos", indicaron en una extensa carta dirigida a los organismos internacionales.
Los senadores y diputados de Creemos enfatizaron la necesidad de una investigación seria y transparente sobre los eventos del 26 de mayo, señalando directamente al presidente Luis Arce como el principal responsable según las acusaciones. Solicitaron el acompañamiento de observadores internacionales para asegurar la objetividad de dicha investigación.
"La situación demanda una respuesta internacional debido al manejo deficiente de la institucionalidad en Bolivia, incluyendo las observaciones y recomendaciones previas de diversos organismos. Es esencial identificar a todos los responsables y buscar soluciones democráticas a la crisis que atraviesa el país, derivada de la irresponsabilidad y ambición de poder de Luis Arce, Evo Morales y el Movimiento al Socialismo", concluyó la carta.
La comunicación, enviada a organizaciones defensoras de los derechos humanos, instó a un monitoreo continuo de la situación política en Bolivia, advirtiendo contra cualquier intento de criminalizar la protesta legítima como desestabilización, con detenciones que presuntamente violan la ley.
La diputada María René Álvarez añadió que la intervención internacional es crucial para esclarecer los hechos del 26 de junio, mientras criticó la narrativa oficial que denomina los acontecimientos como "golpe de Estado" o "autogolpe", argumentando que estos términos forman parte de un montaje político para victimizar al régimen de Luis Arce.
"Los autores de este montaje deben ser investigados por socavar la democracia en Bolivia y evitar la perpetuación de violaciones al estado de derecho y derechos humanos", concluyó Álvarez.
Fuente: El Diario
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