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En la quinta edición de la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC) Latinoamérica, celebrada en Brasil, la política de seguridad impulsada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue recibida con fervor por los asistentes, mayormente adherentes a la ultraderecha. Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, fue aclamado al presentar las medidas adoptadas para combatir la criminalidad, destacando una significativa reducción en la tasa de homicidios. Según Villatoro, estas políticas han llevado a encarcelar a 81,100 individuos catalogados como "terroristas", resultando en una caída drástica de los homicidios en El Salvador, pasando de 105 muertes por cada 100,000 habitantes hace cinco años a 2.5 muertes por cada 100,000 habitantes el año pasado.
El evento, que atrajo aproximadamente 3,500 participantes, incluyó discursos de líderes prominentes como el expresidente Jair Bolsonaro de Brasil y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano chileno, quienes respaldaron las políticas de seguridad de Bukele. La conferencia concluyó con la participación del presidente argentino Javier Milei.
Villatoro expresó la disposición de El Salvador para compartir su experiencia con otros países latinoamericanos interesados en combatir el crimen organizado. A pesar de las críticas de organizaciones de derechos humanos, Villatoro señaló que las medidas fueron respaldadas por el 86% de los salvadoreños en un plebiscito el año pasado, otorgando también mayorías legislativas a Bukele.
El Ministro subrayó que la administración de Bukele ha marcado un cambio significativo después de décadas de violencia persistente, incluso tras los acuerdos de paz. Además, criticó los gobiernos previos de derecha e izquierda por no abordar eficazmente la criminalidad en el país, afirmando que era necesario un liderazgo audaz para implementar cambios estructurales.
Bukele, desde que asumió el cargo, ha reformado leyes que limitaban las acciones del Estado contra el crimen, desafiando a instituciones como la Corte Suprema y la Fiscalía. Según Villatoro, estas acciones buscan garantizar los derechos humanos para la mayoría de la sociedad, no solo para los criminales, desafiando las críticas de quienes consideran que estas medidas podrían comprometer los derechos individuales en el país.
Fuente: SWI
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