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La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, ha criticado contundentemente la propuesta de la llamada "ley jaguar", promovida por el gobierno de Rodrigo Chaves para ser sometida a referéndum. En sus declaraciones ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, Acosta denunció que esta legislación representa un intento claro de evadir el control de los fondos públicos.
Según Acosta, la "ley jaguar" no solo debilitaría significativamente los mecanismos preventivos contra la corrupción en las contrataciones públicas, sino que también limitaría severamente la capacidad de la Contraloría General de la República para intervenir de manera oportuna y efectiva en la fiscalización de dichos procesos. En lugar de permitir revisar la legalidad antes de ejecutar los contratos, como es el procedimiento actual, la propuesta obligaría a la CGR a actuar solo de manera posterior, lo cual según la contralora, facilitaría prácticas opacas y decisiones discrecionales en la administración de recursos públicos.
Acosta subrayó que esta iniciativa legislativa no fortalece, como se alega, sino que más bien debilita el sistema de control, al eliminar la capacidad de la Contraloría de emitir advertencias y sanciones preventivas ante posibles irregularidades. Además, expresó su preocupación por el impacto negativo que tendría en la transparencia y eficiencia del uso de los recursos públicos, al permitir contrataciones directas y la contratación de deudas sin los debidos controles legales y fiscales.
La contralora también hizo hincapié en que la propuesta afectaría gravemente la autonomía funcional de la Contraloría, la cual, según la Constitución, es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública. En su opinión, esta reforma legislativa representa un riesgo para la rendición de cuentas y la fiscalización efectiva de los recursos públicos, al crear un sistema de control débil y poco efectivo diseñado por quienes están sujetos a ser fiscalizados.
En respuesta a las afirmaciones del gobierno de que la "ley jaguar" busca clarificar y fortalecer las competencias de la Contraloría, Acosta indicó que las disposiciones de esta legislación limitarían severamente las funciones de fiscalización y control del organismo, poniendo en riesgo la integridad del sistema de contratación pública y la gestión fiscal del país.
La propuesta de referéndum sobre la "ley jaguar" sigue siendo objeto de debate y evaluación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), mientras que la contralora se mantiene firme en su postura de defender la independencia y el rol fundamental de la Contraloría en la protección de los intereses y recursos del pueblo costarricense.
Fuente: La Nación
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