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En un fallo significativo, una jueza federal en la Ciudad de México ha admitido a trámite la primera demanda contra la reciente reforma a la Ley de Amparo que limita la capacidad de los jueces para otorgar suspensiones que impidan la entrada en vigor de leyes aprobadas por el Congreso de la Unión.
La Jueza Primero de Distrito en materia Administrativa, Minerva Herlinda Mendoza Cruz, aceptó la solicitud presentada por el abogado Luis Miguel Cano López, quien argumenta que la reforma vulnera su derecho al amparo, es decir, el derecho a obtener protección judicial para defender los derechos humanos que considere están siendo vulnerados.
Cano López, con una trayectoria de dos décadas en la defensa de derechos humanos, había pedido una suspensión provisional para evitar que la reforma entrara en vigor. Sin embargo, la jueza decidió no conceder la medida de forma inmediata y pospuso la decisión sobre la suspensión definitiva hasta el 27 de junio próximo.
En la demanda, se señala como autoridades responsables a las cámaras de Diputados y Senadores, así como al presidente de la República, quienes intervienen en la aprobación y promulgación de leyes y reformas, incluida la reforma reciente a la Ley de Amparo.
La jueza programó una audiencia constitucional para el 1º de agosto, donde se determinará si procede otorgar el amparo solicitado por Cano López.
Se estableció que la demora en la audiencia se debe a la saturación de la agenda del juzgado y al próximo periodo vacacional del Poder Judicial de la Federación en julio.
Mientras tanto, la jueza solicitó a las autoridades demandadas que presenten sus informes justificados en un plazo de 15 días, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Amparo.
La reforma en cuestión, promovida por legisladores de Morena, prohíbe a los jueces conceder suspensiones generales de amparo contra leyes de aplicación general, limitándolas únicamente para beneficio de los demandantes individuales.
Con esta decisión judicial de no conceder la suspensión solicitada, los jueces federales en el país están obligados a aplicar la reforma, restringiendo las suspensiones únicamente a los casos individuales de los quejosos.
Fuente: Proceso
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