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La Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados ha iniciado el debate sobre las indicaciones a la nueva Ley de Pesca presentada por el gobierno a finales de 2023. Este proyecto tiene como objetivos principales establecer bases legales actualizadas para el sector pesquero y sanear el proceso legislativo que condujo a la ley vigente, la cual fue manchada por controversias y casos de corrupción como el del exsenador Jaime Orpis y el exgerente de Corpesca, Francisco Mujica.
Sin embargo, el debate se ha visto ensombrecido por revelaciones preocupantes sobre la transparencia del proceso legislativo. Según una investigación de CIPER, el 76% de las indicaciones presentadas por los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Cristhian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (ind-RN) son copias exactas de un informe elaborado por la gremial empresarial Sonapesca. Este informe, titulado "Informe Técnico Jurídico sobre el proyecto Ley de Pesca 16500-21", fue preparado por la consultora Acuiestudios y propone modificaciones a la mayoría de los artículos del proyecto gubernamental.
El informe de Sonapesca, que consta de más de 200 páginas, ha generado preocupaciones significativas sobre la independencia de los legisladores y la influencia del sector privado en el proceso legislativo. De las 276 indicaciones presentadas por estos diputados, 211 son idénticas al informe de Sonapesca, mientras que otras 41 muestran diferencias menores en la redacción.
Ante estas revelaciones, varios diputados han expresado su inquietud. El diputado Diego Ibáñez manifestó su preocupación en redes sociales, afirmando que "no toleraremos que se repita la historia de la Ley Longueira" y solicitando investigaciones por parte de la Fiscalía y la Comisión de Ética, además de la suspensión de la votación de la ley hasta esclarecer estos hechos.
Por su parte, Daniella Cicardini, otra integrante de la comisión, enfatizó la importancia de evitar manchar la historia del Congreso con prácticas cuestionables y de cumplir con las expectativas ciudadanas de transparencia y rectitud en el proceso legislativo.
El episodio recuerda los riesgos asociados con permitir que intereses privados influyan de manera indebida en la formulación de leyes. La condena previa de legisladores y empresarios por casos de corrupción relacionados con la legislación pesquera subraya la importancia de salvaguardar la autonomía del proceso legislativo y garantizar que la nueva Ley de Pesca sea el resultado de un debate transparente y equitativo, en beneficio del interés público y no de intereses particulares.
Fuente: El Clarín
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