La Fiscalía General de El Salvador ha dado un paso decisivo en la lucha contra el crimen organizado al solicitar procesar a más de 1.200 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13). En una serie de acciones coordinadas, la Fiscalía ha presentado solicitudes ante diversos tribunales para enjuiciar a estos individuos, quienes enfrentan cargos relacionados con delitos graves como agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas.
Se ha informado que en la zona oriental del país, específicamente en los departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán, se han presentado solicitudes para procesar en conjunto a 661 supuestos pandilleros. Asimismo, en la zona paracentral, 158 imputados serán llevados ante la justicia, con foco en el municipio de Ilobasco. En la capital, San Salvador, se busca procesar a 383 acusados que operaban en diversas localidades.
Estos movimientos legales representan un esfuerzo continuo por parte de las autoridades para desmantelar las estructuras criminales que han causado estragos en el país. Se espera que estos procesos judiciales contribuyan a la disminución de la violencia y el fortalecimiento del estado de derecho en El Salvador.
Cabe destacar que estas acciones se desarrollan en el contexto de un régimen de excepción implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022, con el objetivo de enfrentar de manera efectiva a las pandillas. Este régimen ha generado controversia, con reportes de detenciones masivas y denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La aprobación de reformas penales ha facilitado los procesos penales masivos, lo que permite a las autoridades actuar de manera más ágil y contundente contra los presuntos delincuentes. Sin embargo, también ha suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos individuales y la necesidad de garantizar un debido proceso para todos los implicados.
En este contexto, el papel de la Fiscalía General se vuelve crucial para asegurar que se respeten los derechos de los acusados mientras se combate la criminalidad de manera efectiva. La sociedad salvadoreña espera que estos esfuerzos conduzcan a una mejora en la seguridad pública y a la reducción de la violencia en el país.
Fuente: El Comercio
