En un giro histórico, la Cámara de Diputados argentina dio luz verde el martes al ambicioso proyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei, destinado a implementar reformas económicas y estructurales de gran envergadura en el país. Este proyecto, conocido como la Ley de Bases, fue objeto de intensos debates y negociaciones entre el oficialismo y sus aliados opositores para eliminar aspectos polémicos y garantizar su aprobación.
La aprobación de esta ley marca un hito en el mandato de Milei, quien asumió la presidencia en diciembre con la promesa de revitalizar la economía argentina y fortalecer la gobernabilidad. La votación en la Cámara de Diputados fue posible gracias al respaldo del partido oficialista La Libertad Avanza, junto con aliados del PRO y legisladores de varios partidos, incluyendo la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal. Ahora, el proyecto pasará al Senado para su consideración final.
El presidente Milei expresó su satisfacción por el resultado, calificándolo como "un paso fundamental para sacar a Argentina del pantano en el que ha estado sumida durante décadas". Agradeció a los diputados que apoyaron el proyecto, destacando su comprensión del momento histórico que atraviesa el país.
Sin embargo, la aprobación del proyecto no estuvo exenta de críticas y protestas. Grupos de izquierda manifestaron su descontento frente al Congreso, argumentando que las reformas perjudicarían a los trabajadores y favorecerían a las empresas y a individuos de altos ingresos.
La Ley de Bases aborda una amplia gama de temas, desde la emergencia administrativa y económica hasta reformas en el Estado y el ámbito laboral. Entre los aspectos más destacados se encuentra la delegación de facultades al Ejecutivo sobre organismos públicos y fondos fiduciarios, así como una reforma laboral que busca introducir cambios significativos en el mercado laboral argentino.
Una de las principales concesiones realizadas por el oficialismo fue la exclusión del Banco Nación de la lista de posibles privatizaciones, aunque otras empresas estatales importantes, como Aerolíneas Argentinas y el Correo Oficial, podrían estar sujetas a privatización en el futuro.
Además, la ley contempla la creación de un régimen de incentivos para grandes inversiones, con el objetivo de atraer inversiones nacionales y extranjeras hacia proyectos de gran envergadura en el país.
A pesar de la aprobación, diputados de la oposición criticaron el proyecto, argumentando que favorece a ciertas empresas en detrimento de otras y que representa un retroceso en términos de derechos laborales.
La aprobación de esta ley marca un hito en la agenda de reformas del gobierno de Milei y abre el camino para un período de transformación económica y estructural en Argentina. Sin embargo, el verdadero impacto de estas reformas aún está por verse, y su implementación seguramente continuará generando debate y controversia en los próximos días.
Fuente: La Jornada
