Los abogados de Donald Trump están apostando fuerte en el terreno legal. Argumentan que un presidente de los Estados Unidos debe estar inmune a cualquier persecución penal por sus acciones mientras ocupa el cargo, incluso si estas incluyen la orden de eliminar a sus oponentes políticos. Afirman que solo el Congreso tiene el poder de juzgar al presidente, excluyendo a los tribunales, incluso después de dejar el cargo. Este jueves, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos debatirá el alcance de esta inmunidad presidencial, un evento crucial que podría determinar el futuro judicial, y quizás electoral, de Trump.
Trump se encuentra en el centro de múltiples investigaciones penales. Este jueves, se enfrenta una vez más al caso en Nueva York relacionado con los pagos a la actriz porno Stormy Daniels. Mientras tanto, en Washington, el Tribunal Supremo discutirá sobre la inmunidad del presidente en el caso de interferencia electoral en su contra. Además de estos, Trump enfrenta otras dos imputaciones en Florida y Georgia, junto con varios litigios civiles e investigaciones en curso.
La discusión sobre la inmunidad presidencial tiene una importancia extraordinaria. Si los jueces fallan a favor de Trump, significaría el fin del caso en Washington y posiblemente afectaría a otros cargos en su contra. Sin embargo, aunque Trump cuenta con una mayoría conservadora de seis jueces a tres en el Tribunal Supremo, esto no garantiza su victoria. Incluso una jueza nombrada por él misma falló en contra de la inmunidad en el Tribunal de Apelaciones.
Trump intenta reinterpretar sus acciones relacionadas con las elecciones de 2020, argumentando que estaba defendiendo la limpieza del proceso electoral en lugar de intentar manipularlo. Esto forma parte de su estrategia para demostrar que estaba ejerciendo sus funciones presidenciales y, por lo tanto, merece inmunidad. Reconocer que intentaba manipular los resultados sería un argumento menos convincente para los jueces.
Además de establecer un posible precedente sobre el poder presidencial, la decisión del tribunal influirá en la programación del juicio de Trump en Washington, uno de los cuatro casos pendientes en su contra. Aunque la sentencia no se espera hasta junio, el calendario ya está ajustado. Es poco probable que el juicio se celebre antes de las elecciones de 2024, lo que podría otorgar a Trump la oportunidad de retirar los cargos o autoindultarse si gana.
Trump es el primer expresidente en enfrentar cargos penales, lo que brinda al Tribunal Supremo la primera oportunidad en la historia de Estados Unidos de abordar esta cuestión. Aunque la política del Departamento de Justicia impide la acusación de un presidente en ejercicio, no hay impedimento para acusar a un expresidente.
Los abogados de Trump advierten sobre el riesgo de una avalancha de procesos contra expresidentes si no se les garantiza la inmunidad. Argumentan que el cargo presidencial se vería obstaculizado si el presidente tuviera que preocuparse por posibles acusaciones penales. Citan una sentencia previa del Tribunal Supremo que otorga inmunidad a los presidentes en responsabilidad civil por actos oficiales, y sostienen que este mismo principio debería aplicarse en el ámbito penal.
Los jueces podrían rechazar la demanda de inmunidad o establecer que los expresidentes no pueden ser procesados por acciones relacionadas con actos oficiales durante su mandato. También podrían dictaminar que los expresidentes conservan cierta inmunidad por sus acciones oficiales, pero no de forma absoluta, lo que abriría la posibilidad de que Trump sea juzgado en Washington.
Tanto la jueza Tanya Chutkan como el Tribunal de Apelaciones rechazaron la inmunidad de Trump de manera contundente. La jueza Chutkan afirmó que el cargo presidencial no otorga una inmunidad de por vida, mientras que el Tribunal de Apelaciones señaló que Trump, al dejar el cargo, se convirtió en un ciudadano más y perdió cualquier inmunidad ejecutiva.
En el caso de Washington, Trump enfrenta acusaciones que incluyen conspiración para defraudar al Gobierno, obstrucción de un procedimiento oficial y violación de derechos civiles. Los jueces debatieron recientemente si el asalto al Capitolio constituyó obstrucción de un procedimiento oficial, con opiniones divididas.
En última instancia, la sentencia del Tribunal Supremo tendrá repercusiones significativas tanto para Trump como para el futuro de la presidencia en términos de responsabilidad legal.
Fuente: El País