Legislativo
Un tribunal colegiado ha concedido el beneficio de la prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, en el marco del proceso penal en su contra por delitos de desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura, relacionados con el caso de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como El Cepillo, miembro del grupo delictivo Guerreros Unidos, vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Murillo Karam, actualmente en la torre médica del penal de Tepepan, Xochimilco, desde el 30 de junio por razones de salud, ha sido beneficiado con la medida luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión pública y por mayoría de votos, resolviera a su favor el recurso de revisión incidental 28/2024.
En diciembre pasado, un juez federal había negado modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por domiciliaria para Murillo Karam. Sin embargo, sus abogados iniciaron un juicio de amparo solicitando la suspensión de dicha determinación para permitirle cumplir la medida cautelar en su domicilio.
La mayoría de los magistrados del tribunal colegiado consideraron que, bajo la apariencia de buen derecho, era procedente el adelantamiento de los efectos del amparo, dado que Murillo Karam sufre de una enfermedad grave y tiene más de setenta y cinco años, lo cual permite la aplicación de la prisión domiciliaria según el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
El ex procurador padece de enfermedades como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral.
El colegiado también señaló que hay elementos para considerar que el juez de proceso se equivocó al negar la ejecución de la medida en su domicilio.
Murillo Karam había sido detenido el 20 de agosto de 2022 y desde entonces permanecía en el Reclusorio Norte. Su arresto fue resultado de una orden de captura emitida por el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, quien lo vinculó a proceso y le negó el beneficio de la prisión domiciliaria debido a la percepción de riesgo de fuga.
Según los datos presentados por el Ministerio Público Federal en la audiencia inicial, se le acusa de obstruir las investigaciones para localizar a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Cocula y Huitzuco, Guerrero, así como de no denunciar actos de tortura que habrían incidido en su desaparición.
Fuente: La Jornada
