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Ecuador
Después de una extensa audiencia que duró casi 13 horas, el tribunal integrado por los jueces Liz Barrera, Adrián Rojas y Mónica Heredia ha concluido que la detención de Jorge Glas fue ilegal y arbitraria, al ser sacado de la embajada de México el pasado viernes 5 de abril.
Aunque el tribunal reconoció que se vulneró su derecho a la libertad personal, decidió que Glas continuará detenido en la cárcel de La Roca en Guayaquil debido a otras órdenes de prisión en su contra, relacionadas con dos procesos penales adicionales. No se hizo mención de su condición de asilado político, la cual ya tenía antes de su detención violenta el 4 de abril.
Hasta el momento, Jorge Glas ha cumplido cinco años y 15 días de una pena unificada por los casos Odebrecht y Sobornos, lo que le deja un tiempo restante por cumplir de dos años, 11 meses y 15 días.
El tribunal también confirmó que Glas no recibirá beneficios penitenciarios, como reducción de pena por buena conducta, ya que supuestamente no alcanzó un nivel adecuado en una evaluación académica, que él atribuye a una persecución deliberada.
La decisión del tribunal ha llevado a analistas legales a considerar acciones penales contra aquellos responsables de la detención ilegal de Glas en la embajada mexicana. Se destaca que las autoridades ecuatorianas, incluyendo la policía y las fuerzas armadas, reconocieron que la orden de arresto provino directamente del presidente Daniel Noboa, lo que podría resultar en acciones legales a nivel nacional o internacional.
Por otro lado, la ministra de Trabajo Ivonne Núñez presentó una denuncia personal contra el ex presidente Rafael Correa por traición a la patria, citando declaraciones que generaron pánico tras el incidente en la embajada mexicana.
Mientras tanto, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condenó la agresión contra la embajada mexicana y expresó solidaridad con el gobierno de México. Se calificaron estas acciones como violaciones flagrantes del derecho internacional y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Fuente: La Jornada
