La finalización del contrato de explotación petrolera en Guatemala ha desatado un intenso debate entre el ministro y los diputados. El contrato 2-85, firmado en 1985, llegó a su fin en agosto de 2010, pero una extensión de 15 años lo prolongó hasta agosto de 2025. Con la imposibilidad de una nueva prórroga según la legislación actual, el gobierno, encabezado por Alejandro Giammattei, busca modificar la Ley de Hidrocarburos (decreto 109-83).
La propuesta legislativa introduce la figura del "Límite Económico", que permitiría a campos petroleros operar siempre que los ingresos superen los costos, y autorizaría al presidente, en Consejo de Ministros, a aprobar prórrogas continuas hasta 25 años o hasta alcanzar el límite económico del yacimiento. Aunque la iniciativa ya ha pasado la segunda lectura en el Congreso, aún falta la tercera y la aprobación final.
Mientras Perenco, la empresa involucrada, ha comenzado procesos de restauración ambiental y abandono de pozos, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) destaca que la conclusión del contrato reducirá los ingresos petroleros en más del 80%, afectando los presupuestos municipales.
En una reciente reunión de Jefes de Bloque, el ministro Ventura indicó que la posición del gobierno es no extender ni renovar el contrato 2-85, argumentando que la actividad petrolera no puede operar en áreas de reserva y carece de un estudio de impacto ambiental. Se propone convocar mesas con la sociedad para determinar el futuro de los activos y los recursos.
El diputado Álvaro Arzú Escobar expresó su preocupación, alegando que la reserva del área se declaró después de la existencia del contrato petrolero, y la finalización de este equivaldría a desperdiciar el 90% de la industria petrolera.
El congresista César Fion destacó que el Estado asumirá el 100% de la explotación, pero cuestionó la capacidad del gobierno para operar el área. Mientras tanto, diputados como Jorge Ayala y José Chic instaron a discutir responsablemente el modelo de desarrollo petrolero.
La discusión se intensifica con diversas perspectivas sobre la industria petrolera en Guatemala, y se espera que las mesas de discusión técnica aborden los desafíos y oportunidades a largo plazo. La nueva propuesta legislativa y la posición del gobierno generan opiniones encontradas en el Congreso, planteando interrogantes sobre el futuro de la actividad petrolera en el país.
Fuente: Prensa Libre
