México
El aspirante presidencial Eduardo Verástegui Córdoba lleva dos años haciendo campaña entre diputados, alcaldes, jueces, fiscales y otros servidores públicos. Sus propuestas de cómo debe combatirse el abuso sexual infantil se ha colado discretamente en nueve gobiernos estatales, 14 municipales y seis congresos locales, además de varios Tribunales Superiores de Justicia regionales.
Aún sin contar con credenciales como experto en trata de menores, el actor y productor se ha anclado en el éxito de su película "Sonido de libertad" para llevar sus ideas hasta instancias gubernamentales, muchas veces con el apoyo financiero de organizaciones extranjeras de filo conservador. Su mensaje ha sido oído en auditorios adonde acuden ciudadanos de a pie.
Mientras la panista Xóchitl Gálvez lleva cuatro meses bajo el escrutinio de la opinión pública y la morenista Claudia Sheinbaum ha tenido que reportar sus actividades y gastos proselitistas al Instituto Nacional Electoral (INE), la campaña de Verástegui lleva más de 700 días en las sombras de los edificios del poder, alejado del escrutinio social.
Pese a ello, hasta el 25 de septiembre, lleva recolectadas 14 mil 137 del casi millón de firmas que requiere para registrarse en febrero próximo como candidato presidencial independiente. De acuerdo con una nota de este diario, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco han aportado la mayor cantidad de respaldos, aunque también cuenta con una buena cantidad de seguidores en Aguascalientes y Guanajuato.
Una investigación, basada en información obtenida vía mecanismos de transparencia, revela que a través de su fundación Movimiento Restaurador Viva México A.C., conocida también como Movimiento Viva México (MVM), Verástegui ha firmado una treintena de acuerdos o cartas de intención para prevenir la trata y el abuso sexual infantil con los gobiernos de nueve estados: Aguascalientes, Baja California, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo y Yucatán; así como con 14 alcaldías: Aguascalientes, Cancún, Chihuahua, Colima, Culiacán, Chapala, Irapuato, Ensenada, Gómez Palacio, Guadalajara, Mérida, Puerto Vallarta, San Luis Potosí y Torreón.
Pero no paró ahí, hasta agosto pasado ya había firmado sendos acuerdos con los congresos del Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán y la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), los cuales se comprometieron a revisar y endurecer las leyes, impulsar presupuestos y capacitar a los legisladores con mecanismos existentes en el derecho internacional para combatir el flagelo de la trata de infantes.
Los gobiernos acuerdan establecer políticas públicas, mecanismos y estrategias de colaboración preventiva, promover protocolos de actuación y revisar licencias de funcionamiento; en algunos casos también se comprometen a crear refugios para las víctimas de trata.
La Fundación, por su parte, se compromete a compartir mecanismos y protocolos de actuación y prevención, capacitar a las autoridades para la persecución del delito, ocuparse de la atención y la rehabilitación de las víctimas, así como promover códigos de conducta en el sector turístico y de transportes.
Las partes, por cierto, evitarán la burocracia excesiva y no tienen considerado comprometer recursos públicos; aclaran que estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria y que no generan contraprestación económica, por lo que no están obligados a dar parte del acuerdo a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Función Pública (SFP) ni a las contralorías estatales o municipales.
En algunos casos, como Nuevo León, Quintana Roo o Yucatán, firmaron el acuerdo organismos externos como la National Association of Attorney General, el fiscal general de Utah, Sean Reyes –quien logró el rescate de 55 niños y niñas víctimas de trata en Colombia– y el gobierno de Florida. En suelo regio, la National Association se comprometió a proveer de recursos económicos y materiales al Congreso estatal y a la Secretaría de Seguridad Estatal.
Fuente: Milenio
