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Los lineamientos que regularán los procesos para elegir a los futuros candidatos presidenciales no prohíben a los legisladores participar como aspirantes, y sólo imponen restricciones para no afectar la equidad, según plantean reglas inéditas aprobadas anoche por el Consejo General del INE por orden del TEPJF incluyen una amplia fiscalización a todos los involucrados en los procesos partidistas.
Por tanto, los bloques políticos deberán reportar y documentar, desde la logística de las giras de sus aspirantes hasta los gastos de propaganda y encuestas, eso significa que el INE mantendrá una fiscalización más rigurosa hacia los presidenciables.
El tope de gasto para cada uno de los aspirantes será de 34.3 millones de pesos, incluidas las aportaciones de militantes y simpatizantes (con un límite individual de 537 mil 41 pesos), mientras los propios inscritos para encabezar los procesos partidistas (futuros precandidatos) pueden aportar a su causa hasta 2.1 millones de pesos.
Consejeros consultados en un receso de la sesión, destacaron que las modificaciones circuladas de última hora a los lineamientos son de forma, no de fondo, con el objetivo de reforzar la prohibición a funcionarios de no utilizar recursos públicos en dichos procesos y tampoco emitir propaganda gubernamental con alusiones proselitistas.
Se pone un foco para los legisladores porque a diferencia de funcionarios gubernamentales aquellos sí podrán ir a reuniones o asambleas informativas relacionadas con los procesos pero sin descuidar su tarea en el Congreso.
Fuente: La Jornada
