Rojo de la Vega se deslinda de la marcha Gen Z y acusa persecución política de Morena

México

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, desestimó este martes las acusaciones de Morena que la vinculan con el financiamiento y la convocatoria de la marcha de la llamada “Generación Z”, realizada el 15 de noviembre en el Centro Histórico. La funcionaria calificó los señalamientos como “ataques sistemáticos desde el poder” y advirtió que no cederá ante la presión política.

“Ni me voy a callar ni me van a intimidar. Aquí seguiré denunciando las injusticias”, afirmó la edil, quien insistió en que no existe una sola prueba que la relacione con la organización de la movilización.

Rojo de la Vega acusó al gobierno federal de mantener una postura “soberbia y cerrada al diálogo”, y sostuvo que las y los jóvenes —principales impulsores de la protesta— enfrentan un contexto de delitos de alto impacto y escasas oportunidades laborales. Señaló que la reacción oficial buscó desacreditar la manifestación al afirmar que fue operada por “bots” o personas manipuladas, sin sustento documental.

La alcaldesa también cuestionó el operativo policiaco desplegado en el Zócalo, al que calificó como un uso “excesivo y desproporcionado” de la fuerza pública. Recordó que organismos internacionales han observado el caso, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su contraparte local continúan sin fijar postura.

Afirmó que Morena intenta “criminalizar la protesta” y convertir al país “en un estado policial”, mientras los detenidos enfrentan cargos graves. En contraste, criticó las políticas federales que, dijo, mantienen una actitud de “abrazos a los cárteles”.

Sobre el video difundido en redes sociales —en el que un presunto comerciante asegura haber asistido obligado a la movilización—, Rojo de la Vega respondió que el material no menciona su nombre y carece de pruebas. Subrayó que su relación con comerciantes y mercados se apega a la ley y pidió que cualquier acusación se sustente jurídicamente.

La diputada local Diana Sánchez Barrios anunció que investigará posibles presiones hacia comerciantes para asistir a la marcha; la alcaldesa reiteró que “una vez más se lanzan señalamientos sin evidencia”. También criticó al secretario de Gobierno, César Cravioto, y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por aludir a supuestas pruebas que “no han sido exhibidas públicamente”.

El grupo parlamentario de Morena informó que continúa recabando información para determinar si existieron presiones o intercambio de beneficios para asistir a la protesta. De confirmarse irregularidades, advirtió, se presentarán denuncias formales.

La marcha del 15 de noviembre dejó daños en inmuebles, agresiones a integrantes de la prensa y 29 personas detenidas; la SSC reportó 77 lesionados entre sus elementos. Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la jefa de Gobierno capitalina han atribuido la movilización a la oposición y reclaman que no exista un deslinde claro sobre los actos violentos.

Fuente: Infobae

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