El gobierno de Estados Unidos detuvo a más de 2.100 migrantes en Nueva York durante un operativo de un mes, en una acción que ha reavivado la tensión entre las autoridades federales y locales de la ciudad. Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, informó que la llamada «Operación Manzana Podrida» se centró en la ciudad de Nueva York, Long Island y el valle del Hudson, y aseguró que entre los detenidos había «miembros de pandillas, violadores, asesinos y depredadores infantiles».
Mullin calificó a todos los arrestados como «criminales» y criticó duramente la política de ciudad santuario que mantienen la gobernadora demócrata Kathy Hochul y el alcalde socialista Zohran Mamdani, quienes han limitado la colaboración entre las fuerzas locales y las federales de inmigración. Según el funcionario, esa postura ha permitido que unas 13.000 personas con órdenes de detención emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fueran liberadas en Nueva York.
El secretario afirmó que, pese a estas dificultades, la administración federal continuará con redadas y deportaciones, incluso de migrantes sin antecedentes penales, argumentando que se busca «restaurar la ley y el orden». Mullin defendió que, debido a la negativa de las autoridades locales a aplicar los acuerdos 287(g) —que permiten la cooperación entre policías locales y federales en casos migratorios—, el gobierno enviará «a tanta gente como sea posible» para reforzar el control.
En relación con las próximas elecciones de medio término, Mullin descartó que agentes de inmigración realicen patrullajes cerca de centros de votación, salvo que se detecte alguna amenaza o exista una orden de detención en el área. También adelantó que, a finales de noviembre, los oficiales que realicen operaciones en la calle estarán equipados con cámaras corporales, una medida destinada a garantizar la seguridad tanto de los agentes como de la población.
Estas acciones forman parte de la política migratoria de la administración Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca ha endurecido las medidas contra la inmigración irregular en un contexto de creciente polarización política. La tensión entre el gobierno federal y las ciudades que se declaran santuario refleja un choque sobre las competencias y prioridades en materia de seguridad y derechos humanos, un tema que sigue siendo central en el debate nacional.
La política migratoria estadounidense ha sido objeto de controversia durante años, con decisiones que han impactado tanto a comunidades migrantes como a la relación entre distintas instancias gubernamentales. La Organización de las Naciones Unidas y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han subrayado la necesidad de abordar la migración con enfoques que garanticen el respeto a los derechos humanos y la seguridad de las personas.
En Nueva York, la disputa sobre las políticas de ciudad santuario se inscribe en un contexto más amplio de debates sobre seguridad, integración y justicia social. Las autoridades locales defienden estas medidas como un medio para proteger a comunidades vulnerables y fomentar la cooperación con la policía, mientras que el gobierno federal sostiene que una postura más firme es necesaria para combatir el crimen y mantener el orden. Esta confrontación continuará siendo un punto clave en la agenda política de Estados Unidos en los próximos meses.
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Resumen y contexto
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El gobierno de Estados Unidos detuvo a más de 2.100 migrantes en Nueva York durante un operativo de un mes, en una acción que ha reavivado la tensión entre las autoridades federales y locales de la ciudad. Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, informó que la llamada «Operación Manzana Podrida» se centró en la ciudad de Nueva York, Long Island y el valle del Hudson, y aseguró que entre los detenidos había «miembros de pandillas, violadores, asesinos y depredadores infantiles». Mullin calificó a todos los arrestados como «criminales»…
