Las historias de José Osmín Santos, Brandon Sigaran y William Martínez, migrantes salvadoreños deportados desde Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, se han convertido en símbolos de una doble tragedia: expulsados sin pruebas de vínculos criminales y posteriormente desaparecidos en las cárceles del régimen de Nayib Bukele.

Sus familias, que aún los buscan con desesperación, han presentado denuncias por desaparición forzada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amparándose en la definición de Naciones Unidas: privación de libertad a manos de agentes del Estado y ocultamiento del paradero.

La llamada que nunca volvió

El 9 de abril fue la última vez que la hermana de José Osmín habló con él. Desde un centro de detención en Nueva York le advirtió que estaba a punto de ser trasladado. Dos días después, el vuelo en el que supuestamente viajaba aterrizó en El Salvador, pero su nombre apareció tachado en la lista de deportados. Washington asegura que fue entregado; San Salvador nunca confirmó su ingreso. Desde entonces, silencio absoluto.

Una vida en pausa

William Martínez, de 21 años, había migrado con su madre siete años antes. Fue detenido en diciembre por portar droga que, según su familia, pertenecía a un amigo. En marzo fue deportado y, según testimonios indirectos, trasladado primero al temido Cecot y después a la cárcel de Santa Ana. Su madre lo reconoció en un video difundido por Bukele, pero aún no ha logrado hablar con él.

La condena de un tatuaje

Brandon Sigaran, de 22 años, huyó de la violencia pandillera en su infancia, pero terminó acusado en Texas de pertenecer a una mara. Pese a que su familia gastó más de 25 mil dólares en abogados y pruebas de su inocencia, fue deportado en marzo. Lo último que supieron es que ingresó al Cecot junto a un grupo de venezolanos. Su tatuaje con la palabra bullet, nombre de su perro, lo marcó: coincide con el alias de un pandillero. Desde entonces, nada.

Un patrón de desapariciones

Los casos revelan un patrón: deportaciones exprés desde Estados Unidos con acusaciones no comprobadas, entrega a las autoridades salvadoreñas y posterior desaparición en cárceles de máxima seguridad. El abogado Kelvi Zambrano, que lleva los casos de forma gratuita, asegura que ni siquiera los recursos de habeas corpus han obtenido respuesta.

Organizaciones humanitarias señalan que al menos 17 salvadoreños podrían estar en la misma situación. Sin información oficial, las familias se aferran a rumores, testimonios de otros reos y fotos filtradas. Entre tanto, esperan cada día una llamada, una prueba de vida, un respiro en medio del silencio.

José Osmín cumple años el próximo 3 de octubre. Su familia no tiene nada que celebrar, salvo la esperanza de que siga con vida en algún lugar que las autoridades se niegan a reconocer.

Fuente: El País