Ecuador: Oficialismo cambia de rumbo y prioriza reforma constitucional sobre el estatus de los presos
Ecuador
El Gobierno pasó de anunciar mejoras estructurales en el sistema penitenciario a concentrar su estrategia en una reforma constitucional que redefine el estatus legal de las personas privadas de libertad. Pese a que el discurso de “mano dura” no logró respaldo electoral, la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) retomó la propuesta del presidente Daniel Noboa: sacar a los reclusos de la categoría de grupos de atención prioritaria.
La iniciativa no modifica los derechos actualmente reconocidos a la población penitenciaria, pero sí reubica el articulado constitucional. ADN sostiene que el objetivo es evitar “abusos” derivados del estatus de protección, aunque evita mencionar cualquier regresión de derechos, tema que el propio Noboa repitió en campaña al asegurar que “los delincuentes tienen más garantías que los ciudadanos que cumplen la ley”.
La Corte Constitucional ya había negado la posibilidad de retirar a los reclusos del listado de atención prioritaria; sin embargo, ahora el oficialismo plantea moverlos al capítulo de derechos de protección, manteniendo intactos los siete derechos vigentes: desde la prohibición de aislamiento como sanción disciplinaria hasta la atención integral en salud, educación, trabajo y recreación, así como protecciones para mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad y menores bajo su cuidado.
ADN incluso propone agregar un octavo numeral para “consagrar el derecho a la dignidad humana”, y limitar la visita de abogados únicamente a quienes ejerzan defensa técnica. Paradójicamente, tras la derrota en la consulta popular del 16 de noviembre, el bloque legislativo impulsa un derecho adicional para quienes el Ejecutivo acusa de tener “privilegios excesivos”.
Crisis interna sin resolver
La realidad penitenciaria presiona la agenda política. Desde noviembre de 2023 hasta octubre de 2025 se han registrado 213 muertes violentas en las cárceles, cifra que excluye las masacres de noviembre —más de 40 víctimas adicionales— y los fallecimientos por tuberculosis y desnutrición. La Penitenciaría del Litoral, la más crítica del país, concentra 592 muertes en 2025, en un contexto de hacinamiento y deterioro sanitario.
En 2023, Noboa prometió invertir en infraestructura y fortalecer el sistema de rehabilitación social. Nada de eso se materializó. Los compromisos de capacitación, educación, programas vocacionales, profesionalización del personal penitenciario y mejoras en gestión de crisis quedaron en el papel. Incluso la anunciada rebaja tributaria para incentivar empleo a jóvenes y exreclusos tuvo escasa adopción.
Un año y medio después de asumir el control operativo de las cárceles mediante Fuerzas Armadas y sucesivos estados de excepción, las propuestas del oficialismo se han reducido a generalidades: “orden interno” y un plan de reinserción que no despega.
Más cárceles, menos rehabilitación
El Gobierno apuesta su narrativa a la nueva megacárcel en Santa Elena, presentada con una única fotografía oficial y sin acceso público a información técnica ni presupuestaria. Fue inaugurada incompleta y bajo una política de opacidad inédita. El ministro del Interior, Jonh Reimberg, aseguró que ningún actor externo —ni familiares, ni abogados, ni el Defensor del Pueblo— podrá ingresar por tratarse de un centro de máxima seguridad, pese a que esa figura no existe en el ordenamiento ecuatoriano y contradice abiertamente la Constitución.
La estrategia confronta las propias promesas del Mandatario en campañas anteriores, donde planteó un modelo de rehabilitación integral. Y choca con el discurso del bloque ADN, que ahora busca cristalizar, por vía constitucional, una medida rechazada por la Corte y ajena a las necesidades estructurales del sistema penitenciario.
Fuente: Primicias
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